El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) presentó este martes el libro ‘El sector de la discapacidad: realidad, necesidades y retos futuros’, que plantea que el acceso a la educación de las personas con discapacidad “es la clave” para el futuro del colectivo. Por ello, subraya que el principal reto de la discapacidad debe ser “reducir las tasas de abandono escolar” -entre la población de 18 a 24 años-, pasando del 57 por ciento actual al 18 por ciento en 2020.

Precisamente, en este sentido, el autor del libro y catedrático de sociologí­a de la Universidad de Alcalá de Henares, Gregorio Rodrí­guez Cabrero, ha subrayado que el problema de acceso al empleo para las personas con discapacidad, en muchas ocasiones, “no es por la propia discapacidad, sino por la educación”. “Ganar la batalla de la educación, es ganar la batalla del empleo”, ha asegurado. Asimismo, ha indicado que este objetivo -reducir la tasa de abandono escolar- conlleva un coste medio de 115 millones de euros anuales.

Asimismo, el documento refleja que para lograr el ‘horizonte 2020’ es necesario impulsar la inserción social en el entorno laboral. De esta forma, Rodrí­guez ha planteado que hay que “seguir escalando” y llegar al 30, 35, 40 y 45 por ciento, superando así­ la tasa de ocupación actual que se sitúa cerca del 28 por ciento.

Concretamente, el autor del manual ha señalado que la creación de empleo debe ser impulsado, por una parte, ví­a mercado y tabién a través de subvenciones del sector público. “Por cada euro que se destina a un centro especial de empleo, se recoge medio euro y por cada euro que se invierte en empleos ordinarios, se recogen hasta tres euros –ha añadido–. Pasar a un nivel de ocupación del 45 por ciento, es posible, no es caro y permite recoger lo invertido”.

Por último, además, ha expresado la importancia de elevar la tasa de titulación en personas con discapacidad, que actualmente se encuentra en el 19 por ciento, al 42 por ciento –que es la media nacional–. Esta propuesta, ha apuntado Rodrí­guez, conllevarí­a un coste medio anual de 160 millones de euros, “que se reflejarí­an en términos de empleabilidad y productividad”.