No existen estadí­sticas y son extremadamente difí­ciles de detectar, pero el abuso sexual a los menores con discapacidad es uno de los problemas sociales más duros y difí­ciles de abordar.

 “En los paí­ses más avanzados se calcula que el 25% de hombres con discapacidad ha sufrido alguna vez algún tipo de abuso y hombres y mujeres con discapacidad tienen entre 3 y 10 veces más posibilidades que el resto de ser ví­ctimas de abusos”, explica el psicólogo Alberto Alemany, especialista de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y ponente en las charlas que sobre abuso infantil ha organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Este experto explica los factores que acrecientan la especial vulnerabilidad de los menores con discapacidad, unos tienen que ver con el contexto, “los procedimientos, las entrevistas y las herramientas judiciales no están adaptados a estas personas, por eso no pueden acceder a la justicia con garantí­as. Su testimonio tiene menos credibilidad, se tiende a no creerlos”, explica; pero también hay factores propios de su discapacidad: “tienen menor educación sexual, se les premia para que tengan relaciones sumisas, muy dependientes respecto a sus cuidadores y familiares, lo que genera que están más expuestos y sean más vulnerables”.

Detectar los abusos, dice Alemany, es “sumamente difí­cil y el principal problema. La mayorí­a de las veces dependen de que una tercera persona dé la señal de alarma. Ellos no saben que son ví­ctimas de una situación delictiva”.

En cuanto se tiene sospechas o indicios de que un menor discapacidad está siendo ví­ctima de abusos sexuales, Alemany recomienda acudir a algún especialista. “Desgraciadamente en nuestro paí­s solo existe una unidad especializada en este tipo de ví­ctimas y está integrada dentro de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce”.

En la unidad de atención a ví­ctimas de abusos sexuales, que también atiende gratuitamente a adultos con discapacidad, en 2011 se trataron 45 casos, muchos procedentes de fuera de Madrid.

En el centro, un equipo de psicólogos clí­nicos y psicólogos forenses, un psiquiatra, educadores sexuales y trabajadores sociales estudia cada caso y su acompañamiento terapéutico. El objetivo: trabajar para superar completamente el trauma.

Para Alemany, no es posible establecer un perfil de ví­ctima “todas las personas con discapacidad darí­an ese perfil por su circunstancias de aislamiento social, relación de dependencia y por tener una historia elevada de exposición corporal a los demás, es decir, muchos tienen dificultades fí­sicas añadidas y dependen de otros para realizar sus tareas de la vida diaria: lavarse, vestirse, etc. Están acostumbrados a que otras personas accedan a su cuerpo y no saben que deben tener cuidado”.

El perfil del abusador no es mucho más sencillo de establecer, “puede ser cualquier persona del entorno o una persona desconocida, aunque es verdad que en un porcentaje más elevado suele ser una persona conocida: un familiar, un vecino, un profesor…”.

La sintomatologí­a de la ví­ctima tampoco ofrece una gran ayuda, aunque hay que estar atentos a los cambios conductuales que se detectan. En cualquier menor un cambio a nivel emocional y conductual puede ser indicio de que hay un problema, pero en el caso de los menores discapacitados, con mayores problemas para verbalizar sus sentimientos, es clave.

Alemany se muestra absolutamente convencido de que con la intervención adecuada y con mucho apoyo y trabajo en el cí­rculo familiar un menor puede lograr la completa superación de su vivencia, pero subraya los problemas especiales de los menores discapacitados que suman a “sus propias dificultades cognitivas” otras circunstancias, como “el estigma de su discapacidad y encontrarse en familias ya golpeadas por las dificultades y que tienen que afrontar además el impacto de los abusos…”.

La prevención se convierte en la intervención más acertada y eficaz para intentar atajar el problema, por eso este experto aboga por una mayor educación sexual, “que es muy deficiente” y que debe pasar por defender el derecho a que “los discapacitados tengan acceso a una vida sexual como la que disfruta todo el mundo”. Alemany propone trabajar en “planes integrales de educación sexual que enseñen cómo debe de ser una relación sexual, con quién , qué es la intimidad, enseñarles a detectar abusos”.

Los profesionales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también deben estar muy presentes en esta reeducación para acercarse el problema. “Tenemos una sociedad, no solo los policí­as y los jueces, muy poco preparada para incluir a los discapacitados. No existen las herramientas adaptadas a estas personas, no reciben el trato que nos gustarí­a. Nuestra lucha es que logren acceder a una justicia con garantí­as, que ahora no tienen”.