Un informe elaborado por estudiantes del Grado de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la Clí­nica Jurí­dica del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas ha puesto de manifiesto la discriminación que sufren menores con discapacidad en las actividades extraescolares.

El trabajo tiene su origen en una consulta planteada por el Cermi estatal en relación con una queja recibida por varias familias de niños y niñas con discapacidad. En concreto, aborda la historia de dos hermanas que tienen una alteración que produce discapacidad intelectual (x frágil), mientras dos chicos tienen trastorno generalizado del desarrollo. Todos ellos estaban escolarizados en un colegio público y no recibieron el mismo trato que el resto del alumnado.

En un primer momento, los organizadores de la actividad sugirieron a las familias que no participaran sus hijos en las actividades, pero éstas pidieron que se les diera una oportunidad y que, si necesitaban ayuda, ellas asumirí­an el coste.

Uno de los estudiantes sí­ que necesitó finalmente apoyo y su familia lo pagó, pero una asociación les aconsejó denunciar el caso, puesto que era discriminatorio. Pese a la queja, no consiguió que el gasto de la adaptación de la actividad lo sufragara la organización, ni el conjunto de familias, tal y como les explicó la Asociación de Madres y Padres (AMPA).