Los Defensores del Pueblo han denunciado los problemas que actualmente tienen las personas con discapacidad, las personas con enfermedad mental, los menores y los inmigrantes en situación irregular en los servicios de urgencias hospitalarias, tal y como queda recogido en el estudio ‘Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantí­as de los pacientes’, que ha sido elaborado conjuntamente por las instituciones españolas de defensores del pueblo.

En primer lugar, el informe critica que siga sin estar reconocida la especialidad médica de Urgencias y Emergencias porque, a su juicio, perjudica la atención que reciben los pacientes y hace que estos profesionales no tengan delimitado el alcance de sus competencias clí­nicas. Además, prosigue, hace que los médicos residentes tengan que asumir un grado “excesivo” de responsabilidad en la actividad asistencial de estos servicios.

Si se atiende a pacientes de una comunidad distinta existen dificultades para acceder a su historia clí­nica A todo ello se suma, según muestra el trabajo, el “alto contenido técnico” de algunos modelos para la prestación de consentimiento informado, lo que hace que la atención a personas discapacitadas se resienta. En este sentido, la Defensora del Pueblo destaca la necesidad de realizar documentos especí­ficos para la prestación del consentimiento adaptados a las necesidades “especiales” de cada uno de los colectivos.

A este respecto, el informe advierte de que la atención a estos pacientes en las área de Urgencias requiere profesionales formados de manera “especí­fica” en el trato y en los requerimientos asistenciales de cada uno de ellos. “Las personas con discapacidad, especialmente los afectados por discapacidades sensoriales, ven frecuentemente limitada su capacidad de interlocución en estos servicios, por la carencia de medios adecuados de comunicación. También, persisten carencias significativas sobre accesibilidad y disponibilidad de material adaptado”, apostilla.

Por último, en el caso de las personas mayores, en el estudio se aboga por mejorar la coordinación entre los servicios de urgencias hospitalarias y los servicios extrahospitalarios para evitar la “innecesaria” polimedicación, y destaca la necesidad de imponer la identificación previa de las necesidades de estas personas para gestionar su atención sanitaria en los niveles “más próximos a su entorno”. Ahora bien, pese a ello, alerta del bajo nivel de notificaciones de incidencias por parte de los pacientes en estos servicios, achacándolo a la “falta” de sensibilización en materia de seguridad y al temor a posibles consecuencias jurí­dicos.