Los ayuntamientos sí­ pueden ejercer…

El Tribunal Constitucional (TC) ha dictado su primera sentencia sobre la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la norma que reformaba la situación, financiación y competencias de los ayuntamientos y que obligaba a éstos a traspasar a las autonomí­as todas las competencias que todaví­a ejercí­an los ayuntamientos en materia de asistencia sanitaria primaria y asistencia social.

Y lo ha hecho para decir que son las autonomí­as quienes deben decidir si permiten ejercer a los ayuntamientos competencias sanitarias y de servicios sociales y no el Gobierno central a través de la citada ley, puesto que las competencias sanitarias y sociales no residen en el Gobierno central sino en las autonomí­as y éstas pueden delegarlas a los ayuntamientos si así­ lo prefieren, según una información publicada por Diario Médico.

La cuestión no es baladí­, en tanto el controvertido traspaso de las competencias locales de sanidad se estima que podrí­a generar un sobrecoste para las arcas autonómicas de alrededor de 500 millones de euros y, dado que no estaba previsto que las autonomí­as recibieran financiación extra para empezar a prestar los servicios sanitarios que están dando algunos ayuntamientos, el temor a que se suprimieran estos servicios en la práctica era evidente.

Tanto es así­ que inicialmente la ley fijaba de plazo el 1 de enero de este año para el traspaso definitivo pero Hacienda publicó in extremis una nota aclaratoria que dejaba la aplicación de esta medida a la espera de un nuevo modelo de financiación autonómica. El traspaso obligado habrí­a supuesto un sobrecoste de 500 millones para las autonomí­as Comoquiera que sea, la sentencia del TC es clara. Anula las disposiciones transitorias 1ª, 2ª y 3ª y a la disposición adicional 11ª de la citada ley. En las citadas disposiciones se prohibí­a a las autonomí­as atribuir a los ayuntamientos los servicios de asistencia social y atención primaria a la salud como «competencias propias locales» y se establecí­a el traspaso de estos servicios a las autonomí­as. Sin embargo, según detalla el Tribunal Constitucional en su sentencia, «los servicios de asistencia social y atención primaria a la salud son competencias de las comunidades autónomas que el nivel municipal vení­a prestando porque así­ lo decidieron (o permitieron) las comunidades autónomas (al amparo de los Estatutos) o el Estado» (en aplicación del art. 149.1.18 CE), «o, simplemente, porque fueron desarrollados de hecho por los Ayuntamientos».

Por ello, el Estado «sólo podrá atribuir competencias locales especí­ficas, o prohibir que éstas se desarrollen en el nivel local, cuando tenga la competencia en la materia o sector de que se trate». Es decir, «en materias de competencia autonómica, sólo las comunidades autónomas pueden atribuir competencias locales o prohibir que el nivel local las desarrolle; sujetándose en todo caso a las exigencias derivadas de la Constitución». En consecuencia, y en la medida en que impiden a las autonomí­as descentralizar servicios de su competencia, las citadas disposiciones de la ley «han superado el ámbito que la Constitución asigna a una regulación básica sobre atribuciones locales (art. 149.1.18 CE) y, con ello, han invadido las competencias autonómicas de asistencia social y sanidad» recogidas en el Estatuto de Autonomí­a. La sentencia, fruto de un recurso planteado por el Parlamento de Extremadura, es la primera de una retahí­la de más de 3.000 recursos interpuestos en el Tribunal Constitucional por ayuntamientos, partidos polí­ticos y varias autonomí­as como Andalucí­a, Cataluña, Canarias, Asturias y Navarra.