Los ayuntamientos podrían perder sus competencias en servicios sociales en 2014
Los ayuntamientos podrían perder toda competencia en servicios sociales en el año 2014 si prospera el anteproyecto de ley para racionalizar las Administraciones Locales, una reforma que ultima el Gobierno de Mariano Rajoy y que centrará este miércoles el debate del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Precisamente, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de febrero este anteproyecto que, una vez que sea refrendado por las Cortes Generales, limitará sueldos y restará competencias a los ayuntamientos de toda España. La medida, justificada por un supuesto ahorro de 7.129 millones de euros, supondrá que las administraciones locales pierdan toda competencia en sanidad, educación o servicios sociales, que se gestionarán directamente por las comunidades autónomas.
Los servicios sociales se consideran el cuarto pilar del estado del bienestar y van desde la adjudicación de prestaciones económicas para personas sin recursos hasta la asistencia a mayores, menores huérfanos, apoyo psicológico a mujeres maltratadas, programas contra las drogas, comedores sociales o atención a la dependencia. Sólo el Ayuntamiento de Madrid supera en 450 millones de euros el presupuesto que destina al mantenimiento de estas ayudas esenciales.
El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo cree que las intenciones del PP auguran una ‘tormenta perfecta’ y, por ello, este miércoles lleva al Pleno municipal una proposición ‘de defensa de la gestión directa de los servicios sociales y sus prestaciones’ pues, a juicio del concejal, ‘quieren privatizarlos y malvenderlos’.
Asimismo, Zerolo concentra las reivindicaciones de su grupo en cuatro puntos. Además de querer que el Ayuntamiento de Madrid manifieste su rechazo a la pérdida de competencias con la reforma de la ley de bases del régimen local, el PSOE pedirá que se inste formalmente al Gobierno de España el mantenimiento del Plan Concertado, transferencia que el Estado aporta a los ayuntamientos para la financiación de estos servicios que ha pasado de tener 86 millones en 2011 a solo 30 en 2013 y que desaparecerá en 2014. También propone que se conserve (y aumente) el presupuesto que la Comunidad destina a la red social de los municipios ””el llamado ‘programa 906’ que ha pasado de contar con 107 millones en 2010 a no llegar ni al millón de euros en 2013””. Por último, pretende que los servicios sociales y sus prestaciones se declaren derechos fundamentales para que no puedan ser suprimidos.
Por último, Izquierda Unida, que apoyará la proposición de los socialistas, dijo a través de su portavoz íngel Pérez que ‘con el proyecto aprobado ni hacen falta Ayuntamientos, ni alcaldesas, ni alcaldes; basta con abrir una ventanilla en algunas oficinas de las comunidades autónomas’.
