Un grupo de abogados ha participado en unas jornadas que pretendí­an formar a estos profesionales en la atención judicial a las personas con discapacidad.

La inauguración de las jornadas corrió a cargo del decano del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra, Ramón Jáudenes, que destacó que para la abogací­a es una preocupación constante el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y, por ello, existe una gran tradición en la colaboración entre las entidades de la discapacidad y los Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogací­a. Ramón Jáudenes agradeció la asistencia a los colegiados y ponentes, pues compartiendo sus conocimientos los abogados tratarán de buscar un futuro mejor y más digno para las personas con discapacidad y, si lo hacen también estarán mejorando la Administración de Justicia y, por extensión, mejorarán la abogací­a. Actividades como esta encajan en el espí­ritu de un colegio que ya es, de por sí­, solidario y comprometido al máximo con la función social de la abogací­a. Las jornadas incluyeron un módulo formativo para abogados con dos mesas que abordaron la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad en su dimensión teórica y práctica y el acceso a la Justicia y la capacidad jurí­dica de las personas con discapacidad, denunciando la muerte civil. Entre los ponentes estuvieron Carolina Villa, de la Fundación ONCE; Juan Pablo de la Fuente, de la Red de Juristas Plena inclusión; Jesús Acevedo, formador en derechos de las personas con discapacidad de Plena Inclusión Asturias; y Mayca González Collado, responsables del programa de atención a personas con discapacidad intelectual reclusas y ex reclusas de Plena inclusión Asturias. Las jornadas cuentan con la colaboración de Fundación ONCE, CERMI y FEAPS y forman parte de las actividades del Aula de Derechos Humanos de la Fundación Abogací­a Española, que tiene entre sus finalidades facilitar un mayor y más adecuado conocimiento por parte de los abogados de las particularidades legales y de atención relativas a la asistencia jurí­dica con perspectiva de derechos humanos a ciertos colectivos vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad.