Las personas con discapacidad en España tienen una probabilidad del 25% de caer en la pobreza, un dato que se sitúa por encima de la media europea (21%) y muy por encima de las personas sin discapacidad en la Unión Europea (14%), según datos del estudio ‘Impacto de las medidas de austeridad de los gobiernos europeos sobre los derechos de las personas con discapacidad’, cofinanciado por el Consorcio Europeo de Fundaciones sobre Derechos Humanos y Discapacidad del Centro Europeo de Fundaciones (EFC).

El estudio advierte de un aumento desproporcionado de las tasas de desempleo y de riesgo de pobreza de las personas con discapacidad desde el comienzo de la crisis, y señala que, aunque las estadí­sticas y datos actuales que permiten la formulación e implementación de las polí­ticas de discapacidad son aún muy escasos, se ha identificado una amplia gama de medidas de austeridad que han tenido un impacto muy negativo sobre los mecanismos de promoción y protección de las personas con discapacidad. La investigación documenta un aumento desproporcionado de las tasas de desempleo y riesgo de pobreza del colectivo: el 21% de personas con discapacidad en la Unión Europea corren el riesgo de caer en la pobreza, en comparación con el 14% de las personas sin discapacidad. En algunos paí­ses, entre los que se encuentra España, la probabilidad de las personas con discapacidad de experimentar pobreza asciende al 25%.

Además, el análisis de los datos procedentes de las estadí­sticas de la Unión Europea muestra que, desde el inicio de la crisis, los servicios sociales también se han visto “gravemente afectados” por las medidas de austeridad, y los beneficios de la Seguridad Social vinculados a la discapacidad han sido “recortados gradualmente”. En este sentido, la información revisada en la investigación confirma que las personas con discapacidad están experimentando “cada vez más desigualdades” en cuanto al acceso a los servicios sociales y sanitarios y señala que el sector de la educación ha sido “particularmente afectado” por las medidas de austeridad, sobre todo en esos paí­ses que están experimentando las crisis económicas más severas.

Por último, en relación con los servicios sociales, se han registrado recortes presupuestarios directos, recortes en la financiación de proveedores de servicios sociales no gubernamentales y en el apoyo financiero a las organizaciones representativas de la discapacidad. Una cuestión que el estudio plantea como “muy relevante” es el retraso de los pagos, pero también destaca cambios estructurales en el sector, que contribuyen a ese impacto negativo. En el ámbito de los derechos recogidos en la Convención de la ONU, cabe destacar consecuencias negativas de las polí­ticas de austeridad en los artí­culos 19, 20, 24, 25, 26, 27 y 28, que implican un impacto severo en derechos fundamentales como vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad, derecho a la movilidad personal, a la educación o a la salud, entre otros.