Las comunidades tendrán que pasar…

Las comunidades autónomas deberán enviar todos los meses al Gobierno central un certificado con las altas, bajas, modificaciones, revisiones y traslados de usuarios del Sistema de Dependencia, además de expedir un certificado anual que refleje la aplicación de los créditos de los Presupuestos Generales del Estado para financiar la atención a la dependencia y la aportación de la autonomí­a al sistema.

Así­ lo acordaron ayer la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y los consejeros autonómicos del ramo, que celebraron en Madrid el Consejo Territorial de Dependencia y Servicios Sociales.
Tras la reunión, Mato explicó en rueda de prensa que este nuevo sistema de información de dependencia pretende hacer más transparente la gestión y evitar las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas entre 2007 y 2011. De esta forma, la norma garantizará fiabilidad, seguridad, disponibilidad y transparencia en la información.

El hecho de que las CCAA deban suministrar información detallada anualmente al Gobierno sobre cada uno de los pasos que dan en Dependencia es positivo para la mayor parte de los Ejecutivos autonómicos, que coincidieron en señalar que se trata de una medida necesaria por garantizar la trasparencia del sistema. No obstante, Neus Munté, consejera de Bienestar Social de Cataluña, se quejó del “ahogo burocrático” que supondrá la certificación anual para las comunidades, una iniciativa que entiende en tanto en cuanto vela por la trasparencia del sistema, pero que, añadió, puede no ser todo lo eficaz que deberí­a si se burocratiza en exceso.
En este punto discrepó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos, quien consideró que la medida de la certificación sí­ “guarda equilibrio entre la trasparencia y la eficacia”. En la misma lí­nea que Marcos se pronunció Beatriz Mato, consejera de Trabajo y Bienestar de Galicia, que alabó las bondades del requerimiento anual de información, pero, eso sí­, matizó, siempre que la cumplan todas las autonomí­as.

Por último, a juicio de la consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, Marí­a Jesús Montero, la exigencia de transparencia es buena, pero no si parte de la desconfianza del Gobierno en la gestión de las CCAA. Otro de los aspectos abordados en esta reunión por Gobierno central y CCAA fue el de la evaluación anual del Sistema de Dependencia, que tal y como afirmó la ministra, arroja buenas noticias: durante 2012 las nuevas incorporaciones superaron a las bajas y se redujo el número de personas pendientes de concesión de la prestación en un 24%. Esta evaluación tampoco contentó a todas las autonomí­as, ya que algunas como Andalucí­a y Asturias se quejaron de que no recoge los recortes del Ejecutivo central en materia de Dependencia.