Las comisiones de discapacidad autonómicas…

Los presidentes de las comisiones de discapacidad de los distintos parlamentos autonómicos coincidieron en la necesidad de impulsar la transversalidad en las polí­ticas públicas que afectan al colectivo.

Así­ lo han puesto de manifiesto durante la sesión de trabajo organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) sobre las comisiones de discapacidad de los parlamentos autonómicos y su papel como dinamizadoras de la agenda polí­tica y legislativa de la discapacidad.

La presidenta de la Comisión para las Polí­ticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputado, Lourdes Méndez, aseguró que el objetivo fundamental es que “se haga mucha polí­tica sobre discapacidad, pero sin utilizar estos temas para hacer polí­tica”. Méndez explicó que la comisión que preside ha trabajado en múltiples ámbitos como turismo, tráfico, empleo, o vivienda, “siempre bajo el amparo de la tutela de los derechos de las personas con discapacidad”, a la vez que reconoció como reto la trasposición de la legislación en materia de discapacidad a los mandatos de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, señaló que estas comisiones son “muy útiles tanto simbólicamente como pragmáticamente” para que “la discapacidad esté más y mejor posicionada en la agenda pública” a través de los parlamentos y dar así­ visibilidad a un colectivo “invisibilizado”.

 

Además, afirmó, se trata de “un elemento de cohesión muy valioso, al margen de visiones polí­ticas partidistas” y ha animado a los parlamentos regionales que todaví­a no disponen de una comisión de estas caracterí­sticas a su creación. David Atienza, presidente de la Comisión Permanente no Legislativa para las Polí­ticas Integrales de la Discapacidad de Castilla-La Mancha, destacó por su parte la aprobación de la Ley de Garantí­as de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, al tiempo que señaló como fundamental que “quien legisle conozca el sector y que se tenga en cuenta a las personas con discapacidad en cualquier legislación que les afecte”.

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