La titular del ministerio fijó el 1 de enero de este año como fecha lí­mite para que las comunidades autónomas comenzaran su despliegue. Sin embargo, la medida ha sido rechazada por las autonomí­as que demandan al departamento que lidera Ana Mato que su puesta en marcha sea uniforme y se desarrolle de forma cohesionada por las 17. La Región de Murcia reconocí­a a finales de enero que disponí­a ya de un sistema para el cobro, sin embargo meses más tarde, la titular de Sanidad, Catalina Lorenzo, aseguraba en una entrevista con Redacción Médica que “la autonomí­a no pondrá sobre la mesa la implantación de ningún tipo de copago porque esta clase de medida debe en todo caso ser resuelta de forma homogénea por el conjunto de comunidades autónomas”. Pese a que Murcia fue la única región que amagó con desarrollarlo, “las cuentas no salen porque costarí­a más el proceso de llevarlo a cabo que lo que se recaudase por este medio”, según reconocí­a Lorenzo.

Esta medida se ha judicializado por parte de algunas comunidades. Castilla y León recurrió su aplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que finalmente lo rechazó. Junto a Castilla y León, también presentaron recurso Andalucí­a, Canarias, el Principado de Asturias y Paí­s Vasco pero los tribunales aun no se han pronunciado. La mayorí­a de las comunidades sigue aduciendo a la falta de medios técnicos para desarrollarlo y aseguran que su aplicación supone más inconvenientes que ventajas. La ministra señalaba en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado el pasado mes de junio en Toledo que confí­a en que todas y cada una de las autonomí­as comenzarán a aplicar esta medida, aunque no se les haya dado plazo alguno. En ese mismo encuentro reconocí­a que el copago hospitalario no dará marcha atrás.