Las principales asociaciones de dependientes y del tejido asociativo de la discapacidad de España critican con dureza la última reforma en materia de Dependencia, así­ como los recortes previstos en este ámbito en el Programa de Estabilidad 2013-2016 que el Gobierno acaba de remitir a Bruselas y que contempla una reducción de 1.108 millones de euros.

Precisamente, en referencia a esta polí­tica de recortes, el presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid, Javier Font, indicó que ‘esto va a lastrar las condiciones del colectivo y la capacidad de aguante de estas familias en situaciones muy complicadas’. ‘Va a eliminar todo apoyo a la poca autonomí­a que puedan tener estas personas. Dentro de poco nos dirán que desaparece la propia Ley”.

Asimismo, la Coordinadora Estatal de Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia ha reponsabilizado a Mariano Rajoy, Ana Mato y a todos los “colaboradores necesarios” de cualquier muerte que pronostican como consecuencia de este atentado contra el colectivo más vulnerables. “Esta última canallada, que no fueron capaces de anunciar en rueda de prensa, es un acto de profundo desprecio hacia la vida humana, teniendo en cuenta que un porcentaje altí­simo de los dependientes padecen situaciones y enfermedades tan extremas que hacen que su vida diaria sea una experiencia que no saben si podrán repetir al dí­a siguiente”, afirma la Coordinadora en un manifiesto. “Ellos mismos dicen que el ahorro no es tan grande como para que sea significativo. Entonces no entendemos por qué se está atacando tanto a este colectivo”, replica Palmira.

Por su parte, el Presidente de la ADYGSS señala que casi uno de cada tres euros de los recortes lo sufren las personas en situación de dependencia. Los causantes serán tres decretos que fijarán el aumento del copago en un 50%, la disminución del número de horas de atención a domicilio, o la rebaja de la prestación económica familiar. “Las medidas son crueles, desalmadas y antieconómicas”, enumera. “Quienes las hacen ignoran que esto es una inversión social importantí­sima”. Ramí­rez pone de manifiesto la importante fábrica laboral que supone la dependencia, a la que se asocia con una idea equivocada de falta de autonomí­a o exclusión. Por un lado, es una fuente de empleos estables y directos que, de desmantelarse, supondrí­a un despido masivo de entre 15.000 y 35.000 trabajadores, y una pérdida de 400 millones en retornos económicos.

Por otro lado, Javier Font indica que la Ley de Dependencia permite a las Administraciones autonómicas desarrollarla de la forma que consideren, lo que puede generar un gran desequilibrio e injusticia en comunidades cuyos gobiernos la desarrollen a la baja. “Valencia son unos adelantados de los recortes”, admite Ramí­rez al analizar la situación en la comunidad levantina, agravada por el copago. De las 107.631 solicitudes presentadas en Valencia, sólo 41.137 personas han recibido alguna prestación, y 26.140 todaví­a vagan en el limbo de la dependencia, sin ser atendidos ni saber si van a concedérsela.

Por último, las plataformas se dividen entre la tristeza de contemplar cómo los recortes y copagos han dejado al colectivo dependiente en una situación insostenible, y la vergí¼enza de estar representados, tanto a nivel nacional como comunitario, por dirigentes cuya palabra “ya no tiene ningún valor”. En un comunicado a Albert Fabra, exigieron que cumpliera con los compromisos de pagar la retroactividad que se les debe en los plazos que estipulados, informar de las cifras que se habí­an manejado para calcular el copago y establecer mecanismos de reclamación para que los afectados puedan reivindicar sus derechos.