La tarjeta acreditativa del grado de discapacidad tiene validez en España, pero no está reconocida en el resto de países europeos. Por lo tanto, las personas con discapacidad se ven privadas de sus derechos en el momento que salen del país. Con el objetivo de superar este problema, la Unión Europea (UE) está en proceso de elaborar la tarjeta europea de discapacidad a través de un sistema de reconocimiento mutuo de condición de discapacidad.

El proyecto empezó con una versión piloto de la tarjeta en febrero de 2016. Bélgica, Chipre, Estonia, Italia, Malta, Rumanía y Eslovenia fueron los países encargados de impulsar la prueba y, tras una evaluación del proyecto, la Comisión Europea (CE) confirmó el valor añadido de la tarjeta. Además, se realizó un estudio que constató que los beneficios que se pueden conseguir son mayores a los costes de participación. Se prevé que la CE proponga de forma oficial la tarjeta a finales de 2023 con el fin de que todos los Estados miembros la reconozcan. Hasta que esto no suceda, la tarjeta solo estará disponible en los países que han participado en el proyecto piloto.

La tarjeta certifica el grado de discapacidad de la persona y permite que puedan acceder a las ayudas y prestaciones con igualdad de condiciones en los países participantes. En ellos podrán disfrutar de ciertas ventajas, especialmente en los ámbitos del transporte, la cultura, el ocio y el deporte. Descuentos en cines, hoteles o parques temáticos son algunos de los beneficios que ofrece la tarjeta

Por otro lado, la CE también pretende unificar la tarjeta europea de discapacidad y la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad. Las personas con discapacidad con movilidad reducida, beneficiarias de esta tarjeta, pueden acceder a ciertos derechos de estacionamiento y de plazas de aparcamiento en cualquier país de la UE, como aparcar en espacios reservados, en lugares no permitidos o acceder a lugares limitados al tráfico.

En este sentido, FAMMA no considera adecuado unificar ambas acreditaciones porque entiende que no todas las personas con discapacidad tienen movilidad reducida y, por tanto, carecen de acceso a este reconocimiento para aparcar en plazas destinadas a tal efecto. Es por este motivo que habría que diferenciar entre la acreditación de discapacidad y la tarjeta de estacionamiento.