La sanidad madrileña ocupa el…

La sanidad madrileña ocupa el décimo puesto en un ránking de evaluación de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, a partir de un informe realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Dicho estudio, titulado ‘Informe 2015 sobre la Situación Sanitaria en las Comunidades Autónomas’, tiene en cuenta distintos parámetros relativos a la financiación y el funcionamiento, la polí­tica farmacéutica, la valoración de los ciudadanos, las listas de espera y la privatización sanitaria.

Así­, en el estudio se observa que Madrid tiene 3,45 camas por cada 1.000 habitantes y 10,08 quirófanos por cada 1.000 habitantes. En este sentido, la comunidad que menos quirófanos tiene es Castilla La Mancha, con 6,61, y la región con mayor número es Navarra, con 11,07.

Respecto a los médicos de Atención Primaria, Madrid cuenta con 0,69 por cada 1.000 habitantes, y con 0,51 enfermeros de Atención Primaria por cada 1.000 habitantes. Respecto a los médicos de Atención Especial, la Comunidad cuenta con 1,94 por cada 1.000 habitantes y con 3,24 enfermeros de Atención Especial para el mismo ratio de población.

En cuanto a la opinión ciudadana, un 82,70 por ciento de los encuestados consideran que la atención recibida en Atención Primaria, especialista, urgencias y hospitalización fue “muy buena o buena”. Para un 15,87 por ciento, la Atención primaria, especializada y hospitalización ha mejorado respecto a 2014 y para el 69,6 por ciento de los encuestados la Sanidad funciona “bien o bastante bien”.

Si se atiende a las cuestiones sobre las listas de espera, un 9,3 por ciento de los encuestados señalan que estas mejoraron respecto a 2014.

El objetivo de estos informes es el de evaluar “las diferencias en los sistemas sanitarios autonómicos”. Todo ello partiendo de la base de que una gran diferencia en los recursos y funcionamiento de los servicios sanitarios conllevarí­a de manera inevitable una desigualdad en el acceso a la protección de la salud lo que vulnerarí­a un derecho constitucional.