Albert Campabadal conocí­a bien las dificultades que las personas con alguna discapacidad tení­an en España para introducirse en el mercado laboral. Lo habí­a vivido en casa a través del ejemplo de su hermano. Así­, se lanzó a crear en Barcelona su propio centro especial de empleo, un tipo de empresa que tiene que contar con un porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla.

Dos años más tarde, nada más terminar su carrera de Empresariales, se incorporó al proyecto el otro socio de la firma, Cristian Rovira, actual consejero delegado de un grupo que, después de 17 años, ha conseguido facturar 33 millones de euros en 2011 y contar con 2.500 empleados ”“el 90% personas con discapacidad y el 30% de los mismos con grandes discapacidades: psí­quica o enfermedad mental”“.

“Cuando comenzábamos, a mediados de la década de 1990, España estaba en los últimos lugares de la Unión Europea de los Quince en materia de inserción laboral de personas con discapacidad”, recuerda Rovira.

Ya existí­a la Ley de Integración Social del Minusválido (Lismi), pero sólo hablaba de la obligación de las empresas de tener un 2% de personal discapacitado en plantilla, algo que no se cumplí­a y sigue sin cumplirse en la mayorí­a de las compañí­as de nuestro paí­s.

La normativa actual ofrece como alternativa para los empleadores contratar productos o servicios a los centros especiales de empleo para cumplir esta ley, pero cuando Campabadal y Rovira comenzaron su andadura no existí­a esta posibilidad: “Por eso, desde el principio, siempre hemos tenido claro que no queremos clientes que nos contraten por pena. Somos desde el primer dí­a como cualquier otra empresa y competimos en el mercado con las armas de nuestra profesionalidad y calidad del servicio. En aquella época en España el mundo de la inserción era más asociativo y menos profesionalizado”, asegura.

Estos dos empresarios barceloneses comenzaron ofreciendo Servicios Integrales de Fincas Urbanas (Sifu), pero pronto ampliaron su oferta a todo tipo de tareas de outsourcing o externalización para empresas, fábricas y administraciones. Desde las tareas de paqueterí­a interna, hasta actividades de formación, pasando por todo tipo de facilities, relocation ”“gestionar los alojamientos y su mantenimiento para personal trasladado por sus empresas de forma temporal a otros destinos”“, la distribución de equipos de protección individual o de material de oficina. “Ofrecemos todo aquello que una persona con discapacidad sea capaz de hacer. Entrando en más actividades, podemos dar cobertura al mayor número posible de perfiles con discapacidad”, explica Rovira.

Con clientes como Endesa, El Corte Inglés, Media Markt, Ikea, Accenture, Lidl o Everis, el grupo ha ido ampliando sus actividades por toda España, contando en la actualidad con 32 delegaciones además de su sede central en Barcelona.

Rovira reconoce que la situación ha mejorado sensiblemente en nuestro paí­s en materia de inserción laboral y social de discapacitados, pero insiste en que “nosotros ponemos la obligación legal de contratar a centros especiales de empleo o a personal discapacitado muy en tercer lugar. Lo que queremos es que nuestros clientes compren nuestros productos o contraten nuestros servicios por cu calidad y competitividad, no por un tema legal”, enfatiza Rovira.

El cumplimiento de la Lismi sigue siendo escaso a pesar de los avances y se estima que tres cuartas partes de las empresas siguen sin cumplir la normativa en esta materia. No obstante, a pesar de las dificultades de la crisis, la contratación de personas en los centros especiales se empleo creció durante el pasado año. “Es muy complicado salir adelante. Lo más importante es desarrollar un proyecto con mucha solidez y consistencia. No es suficiente una buena idea, hay que tener mucho conocimiento de tu negocio, rodearte de gente que domine las áreas especí­ficas relacionadas con tu actividad y contar con socios estratégicos que no aporten sólo capital”.