La Plataforma del Tercer Sector ha señalado la desproporción sancionadora y el incremento de las multas de la Ley de Seguridad Ciudadana. La entidad ha presentado a la Secretaria de Estado de Seguridad y portavoces parlamentarios de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados las aportaciones del sector al proyecto de ley, en tramitación en este momento, con el objetivo de dar voz a la sociedad civil y contribuir a mejorar los derechos y libertades de las personas. La plataforma considera que el proyecto de ley, que se encuentra en la actualidad en trámite parlamentario, “no era necesario y no refleja en absoluto las preocupaciones y prioridades de la sociedad civil”. En cambio, asegura, “destila una falta preocupante de sensibilidad social, derivando a concepciones de orden público que creí­amos superadas”.

La entidad insiste en que el objetivo principal de la normativa de seguridad ciudadana es garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades, buscando los cauces de control adecuados a una pací­fica convivencia social.
Según señala la plataforma, “los motivos alegados para la reforma no justifican una reforma tan extensa y tan amplia como la que se está discutiendo”. Lo más destacable en ella, afirma, es su “desproporción sancionadora, su capacidad para castigar más y de forma más grave”.

Por tanto, valora que el texto es “técnica y jurí­dicamente mejorable”, ya que “abusa de conceptos jurí­dicos indeterminados, lo que conlleva arbitrariedad y amplios márgenes de interpretación”, y asegura que “la consecuencia directa es una gran inseguridad jurí­dica para los ciudadanos, que lejos de ver protegidos sus derechos y libertades se ven sancionados por ejercerlas”.