La Plataforma del Tercer Sector reclamó este miércoles, durante la celebración de su Asamblea General, el establecimiento de un sistema de competencias sociales compartidas, “fundamentado constitucionalmente”, que posibilite “la colaboración del Estado con las entidades de la sociedad civil organizada” para la asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad.

Así­ se refirieron sus representantes a la defensa del modelo actual de gestión de los fondos derivados del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales, cuya gestión exclusiva reclaman algunas comunidades autónomas. Rafael de Lorenzo, secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, y Luis Cayo Pérez Bueno, vicepresidente para el Diálogo Civil e Impulso Normativo, reclamaron así­ en nombre de la Plataforma el mantenimiento del sistema actual de distribución y gestión de estos fondos, para lo que la entidad trabajará con el próximo gobierno en el establecimiento de “una solución estable y sólida” sobre esta cuestión. No podemos, afirmaron, “dejar desatendidas a seis millones de personas” que se benefician directamente de los proyectos sociales financiados con estos fondos. El Estado, añadieron, “no puede prescindir de una herramienta de carácter transversal, de homogeneización y de solidaridad interterritorial como es el actual sistema de IRPF”, ya que se trata “de defender a los ciudadanos en situación de necesidad”. Este tema será, tal y como remarcó Pérez Bueno, “uno de los puntos de trabajo prioritarios de la Plataforma”, a retomar “nada más se despeje la escena polí­tica”, esperando así­ que se le dé “respuesta en los primeros meses de legislatura”.