La Plataforma del Tercer Sector ha reiterado su preocupación por la aprobación en el Pleno del Senado del proyecto de Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que, “al igual que sucedió en el Congreso en diciembre, ha contado solo con los votos del Grupo Parlamentario del Partido Popular y el veto a la totalidad del resto”.

La plataforma considera que el rechazo de todos los grupos parlamentarios excepto del Partido Popular “es reflejo de la oposición a este proyecto de ley por parte de la ciudadaní­a, entidades sociales, plataformas, operadores jurí­dicos, organismos de derechos humanos de la Unión Europea y, en los últimos dí­as, de relatores de Naciones Unidas”. Agrega que en dos semanas el proyecto volverá al Congreso de los Diputados para su última votación y por ello hace un nuevo llamamiento para que se tengan en cuenta las propuestas y aportaciones del sector.

En esta lí­nea, explica que a las 260 enmiendas que se presentaron en el Congreso se le suman ahora 225 más, y de las del Senado solo han sido aprobadas las propuestas por el Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Interior. Añade que aunque han sido modificados parcialmente algunos artí­culos referidos a los derechos de manifestación y reunión, “no se han tenido en cuenta las aportaciones más relevantes hechas desde el Tercer Sector y recogidas en su documento de propuestas y que tienen, entre otros, el objetivo de evitar una deriva que conlleve la criminalización de la pobreza, como en otros paí­ses de nuestro entorno europeo está sucediendo”.

Entre otras cuestiones, la plataforma señala que no se incluye la prohibición expresa de llevar a cabo posibles identificaciones causadas por perfiles raciales o étnicos, dado que conllevan un acto de discriminación directa (Directiva 2000/43/CE).

Asimismo, lamenta que no se modifique la redacción actual sobre registro domiciliario, eliminando garantí­as muy básicas, ni se garantizan las medidas de accesibilidad necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. La plataforma rechaza que se siga castigando con sanciones económicas, que pueden llegar a los 30.000 euros, especialmente a las personas por su situación de vulnerabilidad, como sucede con el ejercicio de la prostitución, el consumo de drogas en la calle y la situación de ‘sinhogarismo’. Además, insiste en que se sigue limitando la posibilidad de evitar la sanción por consumo y tenencia de drogas a cambio de sometimiento a tratamiento sólo a menores de edad.

Por último, la Plataforma del Tercer Sector muestra una vez más su rechazo “frontal” al mantenimiento de la disposición sobre expulsiones sumarias, que, aunque se ha visto modificada en la tramitación en el Senado, sigue manteniendo el llamado “rechazo en frontera”, ante la pretensión de entrar por un puesto fronterizo habilitado sin cumplir los requisitos de entrada.