La Plataforma del Tercer Sector lamenta el ‘grave perjuicio’ del fallo del Supremo contra las subvenciones a ONG
La Plataforma del Tercer Sector, que engloba a las organizaciones españolas más representativas en el ámbito de lo social, lamentó este miércoles el «grave perjuicio» que supone para este colectivo el fallo del Tribunal Supremo en materia de subvenciones a ONG y advirtió de que la asistencia a más de 6 millones de personas «puede quedar gravemente comprometida».
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, donde alega que la Administración General del Estado no respeta la «competencia exclusiva en materia» de asistencia social.
La Plataforma del Tercer Sector, codemandada en el recurso, alega que las entidades del Tercer Sector son entidades colaboradoras en la ejecución de políticas públicas, a los efectos del artículo 149 de la Constitución Española, y que el Real Decreto impugnado se deriva de la aplicación del Real Decreto Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, no impugnado ante el Tribunal Constitucional. La Abogacía del Estado alegó por su parte que la competencia estatal ampara la creación de dichas entidades colaboradoras y el otorgamiento de subvenciones como las previstas en el Real Decreto.
A pesar de ello, la sentencia difundida ayer por la Sala III del Tribunal Supremo declara nulo dicho decreto, estableciendo que la competencia exclusiva en materia de asistencia social es de las comunidades autónomas que la tengan en sus estatutos, como es el caso de Cataluña. La decisión afecta a todo el territorio nacional, ya que establece que el Real Decreto impugnado es contrario al ordenamiento jurídico y, en concreto, al reparto constitucional de competencias, por encontrarse la relativa a la «asistencia social» atribuida con carácter exclusivo a las Comunidades Autónomas.
