La Plataforma del Tercer Sector exige acabar con la pobreza infantil
El vicepresidente de Políticas Sociales y Asuntos Europeos de la Plataforma del Tercer Sector y presidente de EAPN-España, Carlos Susías, ha reclamado “el desarrollo de un Pacto de Estado por la Infancia con medidas específicas para acabar con la pobreza infantil que aseguren un acceso a servicios adecuados y de calidad, y que fomenten la participación de los niños y niñas en todos los procesos”.
Así lo declaró durante su intervención en el Foro Servimedia Comunicación sobre pobreza y malnutrición infantil, en el que también participaron el responsable de campañas de Ayuda en Acción, Alberto Casado, la responsable de Campañas e Incidencia de Educo, Macarena Céspedes, el coordinador del Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría, José Manuel Moreno, y el portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), José Luis Pazos.
Susías, además, señaló durante su intervención, que la situación de pobreza, en especial, la infantil, que se está viviendo en España, “es consecuencia de las políticas públicas, económicas y sociales que se han venido realizando no sólo en los últimos cuatro años, sino a lo largo de mucho tiempo”. Así, añadió que “la responsabilidad de eliminar la pobreza no es de las organizaciones sociales, sino de las administraciones públicas a nivel europeo, nacional y en mayor medida, de las comunidades autónomas”.
En este sentido, Alberto Casado, explicó que “la desigualdad se ha globalizado y nos ha colocado muy cerca de esas situaciones de pobreza y exclusión que estábamos más acostumbrados a ver de lejos”. “Existía pobreza y desigualdad antes de la crisis, pero las medidas de ajuste han perjudicado en mayor medida a las personas más vulnerables”, añadió. Por su parte, la responsable de Campañas e Incidencia de Educo, Macarena Céspedes, coincidió con Casado en que “las políticas de austeridad han incrementado ese riesgo entre los más vulnerables, que son los menores de 16 años”. Según su criterio, se trata “de niños y niñas que ven vulnerados sus derechos fundamentales y cuyo garante es y debe ser el Estado y todas sus administraciones. Ya es hora, por tanto, de que quien tiene que asumir sus responsabilidades, las asuma”, afirmó.