La Plataforma del Tercer Sector…

El vicepresidente de Polí­ticas Sociales y Asuntos Europeos de la Plataforma del Tercer Sector y presidente de EAPN-España, Carlos Susí­as, ha reclamado “el desarrollo de un Pacto de Estado por la Infancia con medidas especí­ficas para acabar con la pobreza infantil que aseguren un acceso a servicios adecuados y de calidad, y que fomenten la participación de los niños y niñas en todos los procesos”.

Así­ lo declaró durante su intervención en el Foro Servimedia Comunicación sobre pobreza y malnutrición infantil, en el que también participaron el responsable de campañas de Ayuda en Acción, Alberto Casado, la responsable de Campañas e Incidencia de Educo, Macarena Céspedes, el coordinador del Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatrí­a, José Manuel Moreno, y el portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), José Luis Pazos.

 

Susí­as, además, señaló durante su intervención, que la situación de pobreza, en especial, la infantil, que se está viviendo en España, “es consecuencia de las polí­ticas públicas, económicas y sociales que se han venido realizando no sólo en los últimos cuatro años, sino a lo largo de mucho tiempo”. Así­, añadió que “la responsabilidad de eliminar la pobreza no es de las organizaciones sociales, sino de las administraciones públicas a nivel europeo, nacional y en mayor medida, de las comunidades autónomas”.

En este sentido, Alberto Casado, explicó que “la desigualdad se ha globalizado y nos ha colocado muy cerca de esas situaciones de pobreza y exclusión que estábamos más acostumbrados a ver de lejos”. “Existí­a pobreza y desigualdad antes de la crisis, pero las medidas de ajuste han perjudicado en mayor medida a las personas más vulnerables”, añadió. Por su parte, la responsable de Campañas e Incidencia de Educo, Macarena Céspedes, coincidió con Casado en que “las polí­ticas de austeridad han incrementado ese riesgo entre los más vulnerables, que son los menores de 16 años”. Según su criterio, se trata “de niños y niñas que ven vulnerados sus derechos fundamentales y cuyo garante es y debe ser el Estado y todas sus administraciones. Ya es hora, por tanto, de que quien tiene que asumir sus responsabilidades, las asuma”, afirmó.