Los Estados deberí­an hacer más inclusivos sus sistemas de protección social para incluir a las personas con discapacidad en vez de insistir en modelos que los someten a un ciclo de dependencia y pobreza, según Catalina Devandas, relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

“La mayorí­a de los sistemas de protección social, lejos de ser nuestros aliados, han sido fundamentales para la creación y difusión del ‘modelo médico’, que equiparaba discapacidad con ‘incapacidad’ y, por tanto, nos consideraba incapaces de estudiar, trabajar o vivir de manera independiente en la sociedad”, señaló Devandas en un informe presentado este martes ante la Asamblea General de la ONU.

En este sentido, Devandas indicó que esos enfoques promueven “una falsa idea de bienestar y protección” en el que las personas con discapacidad pueden beneficiarse de servicios, pero a costa de su autonomí­a e independencia. “El legado de estos enfoques es incontestable: mayor pobreza, segregación, estigmatización, institucionalización y exclusión”, añadió.

Por el contrario, indicó que los sistemas de protección social bien diseñados son fundamentales para “combatir la pobreza, promover la independencia, la inclusión y la participación de las personas con discapacidad de manera sostenida”. “Garantizan la seguridad de sus ingresos y el acceso a servicios básicos, especialmente en el ámbito de la educación, la salud, la seguridad social y la vivienda”, apostilló.

Por ello, Devandas recomendó a los Estados revisar la legislación nacional para reconocer los derechos de esas personas a la protección, a asegurar el acceso a los programas sociales y a garantizar que los beneficios promuevan la independencia, además de cubrir los costos adicionales a los que se enfrentan “para tener un estándar de vida adecuado”.

Devandas también expresó su profunda preocupación por el efecto de las medidas de austeridad sobre las personas con discapacidad, en el sentido de que “están afectando desproporcionadamente” a su nivel de vida y a sus posibilidad de vivir de forma independiente.

“La protección social inclusiva es una de las estrategias clave para alcanzar los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. La inclusión de las personas con discapacidad en estos sistemas no es solo una cuestión de derechos, sino también una inversión crucial para avanzar hacia los nuevos objetivos propuestos: poner fin a la pobreza en todas sus formas en todas partes, asegurar una vida sana y el bienestar, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, y reducir las desigualdades”, concluyó.