El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha admitido a trámite la denuncia que Jordi ha interpuesto contra España por discriminación. Este guardia urbano del municipio gironés de Figueres fue arrollado en 2008 por un conductor borracho cuando circulaba en su moto.

El siniestro le provocó una incapacidad permanente total para la profesión habitual y, pese a que la resolución del tribunal médico apunta que puede “ejercer otras actividades dentro de la misma empresa”, el Ayuntamiento le obligó a jubilarse. En su lucha por lograr que le readmitan y le pasen a una segunda actividad ha llegado hasta Naciones Unidas, siendo la suya la segunda denuncia de este tipo que la organización decide cursar, después de la interpuesta en octubre por Vicente Flores, agente local de Barcelona. “El marco legal que nos ampara es inmenso”, asegura Jordi al otro lado del teléfono, y durante la conversación enumera varias de las normativas que protegen casos como el suyo: desde la ley de 1991 de las Policí­as Locales de Cataluña hasta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de 2007 y ratificada por España en 2008, pasando por la regulación y reconocimiento de la segunda actividad por parte de la Seguridad Social desde el año 2000. Pese a toda esa legislación, con 40 años y tras 17 en el cuerpo, él se quedó sin trabajo. Entre otros problemas chocó con la falta de un reglamento sobre segunda actividad en su localidad. Aquella legislación autonómica sobre Policí­as Locales de hace 25 años determina que cada Consistorio debe regular el asunto a través de un reglamento y en muchos municipios no ha sido desarrollado. En Figueres, donde gobierna CiU desde 2007, no fue aprobado hasta el año pasado y además se hizo sin carácter retroactivo, por lo que Jordi no puede beneficiarse de él.