La Organización Médica Colegial (OMC) considera al Estado español y a Grí¼nenthal, la farmacéutica que comercializó la talidomida, “responsables” de los negativos efectos que causó en los años 50 y 60 en miles de niños este fármaco para evitar las náuseas en el embarazo. Por ello, pide que compensen a las ví­ctimas porque “no existe razón ni sentencia” que haga “olvidar los efectos”.

Así­ lo afirma un documento aprobado por la Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC), que subraya que “no se puede admitir que la farmacéutica trate de forma distinta a afectados españoles de otros europeos”, pues la negativa de la farmacéutica a reparar esta “tragedia” constituye “un atentado a la dignidad de persona y una vulneración de los derechos humanos”.

La OMC dice que se siente en la obligación de aportar el citado informe ante una “clara vulneración de los valores y principios que defiende la profesión médica y por el mandato deontológico de apoyar a las ví­ctimas de la talidomida”, que llevan más de 50 años esperando ser compensadas por los graves efectos y malformaciones sufridas a consecuencia del fármaco.

El documento también responde a la petición de ayuda de la Asociación de Ví­ctimas de la Talidomida en España (Avite). Las ví­ctimas, que en España se calculan en más de 500 actualmente, llevan años reclamando indemnizaciones, pensiones y ayudas como las existentes en otros paí­ses europeos.

Considera la OMC que su situación es “un agravio comparativo”, ya que España es el único paí­s en el que los afectados no reciben apoyo alguno ni del Estado ni de la farmacéutica Grí¼nenthal, propietaria del fármaco.
El colectivo médico se suma así­ al apoyo que las ví­ctimas han recibido del Parlamento español, del Parlamento Europeo y del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en octubre que desestimó los recursos de Avite por considerar que habí­an prescrito.

El informe argumenta que “el laboratorio presentó a los médicos una información cientí­fica de seguridad un tanto falaz” y los médicos prescriptores actuaron con la evidencia de que disponí­an que era la “enorme seguridad y falta de toxicidad” proclamada por la compañí­a farmacéutica y no desmentida por las autoridades sanitarias.

Asimismo, los médicos concluyen que “se debí­a y podí­a haber actuado con mucha anterioridad, mayor celeridad y diligencia” y que no ocurrió “por desidia y falta de interés en el Estado español”. Además, recuerda que la mayorí­a de los afectados no han tenido reconocimiento y compensación por los daños del medicamento.

Finalmente, la OMC insta al Estado a reabrir el reconocimiento de afectados de forma permanente y “con la mayor diligencia posible” para compensarlos. “La catástrofe causada por la comercialización de la talidomida no puede quedar sumida en el olvido ni en la pasividad de los diferentes gobiernos y sectores de la sociedad, en especial de los sanitarios. Es preciso activar una postura ética que sensibilice a la sociedad para que responda adecuada y proporcionalmente ante esta agresión a nuestros pacientes y ciudadanos”, sentencia.