Jorge Garcí­a se monta en furgoneta y se dirige a la urbanización marbellí­ de La Cañada. Cada fin de semana repite esta operación, desde hace algo más de un año. Tras el volante traza sus recorridos para circular por el mayor número de calles. Quiere que lo vean todos. Es su particular forma de que la ciudadaní­a conozca su caso. Una denuncia que tiene el rostro de cuatro niñas con discapacidad que desde hace unos 450 dí­as no tienen plaza en un centro público adaptado.

Una situación de la que Garcí­a, secretario de la Asociación Pro Integración de niños minusválidos en Centros Ordinarios (Apico), responsabiliza a la Junta de Andalucí­a y por la que ha escrito medio centenar de cartas a dirigentes polí­ticos y responsables públicos para que intercedan.

Garcí­a asegura que estas cuatro jóvenes, una de las cuales es hija suya, han sido expulsadas del colegio Juan Ramón Jiménez de Marbella, donde cursaban Formación Profesional (FP). «La justificación que nos dieron es que habí­a cumplido 21 años y que ya no podí­a seguir cursando estudios», relató sobre su hija.

Aunque este padre tampoco estaba del todo de acuerdo con los cuidados que los discapacitados recibí­an en este centro ”“asegura que no habí­a personal suficiente para la atención de personas con necesidades especiales”“, «al menos no era el “gueto” en el que los querí­an aparcar».

«Yo acudo todos los dí­as al colegio con mi hija y le pregunto a la profesora si puede entrar a clase. Espero que algún dí­a responda que sí­», lamenta, para criticar que las instituciones no faciliten recursos para que estas personas puedan formarse.

Jorge Garcí­a exigió la escolarización de estas cuatro jóvenes en base a la legislación y se expresó con mayor dureza a la hora de analizar el papel de la Consejerí­a de Educación. «Estas personas con necesidades especiales llevan cerca de 450 dí­as repudiadas, discriminadas y expulsadas del colegio a pesar de las 50 peticiones realizadas en cartas abiertas a distintos polí­ticos», insistió. Unas palabras a las que Educación respondió que las jóvenes «han sido atendidas adecuadamente en su etapa de escolarización» y que sus familias han estado informadas de las opciones posteriores.

«Rogamos que nos den una pronta solución a este grave problema que no tiene razón de ser, y menos legal», declaró el secretario de Apico, que quiso hacer hincapié en que las jóvenes discapacitadas «han sido expulsadas» del colegio por la Administración regional.