Surgen numerosas discrepancias sobre la forma en la que debe quedar recogida la propuesta, dónde y cómo gestionar esos derechos, los recursos necesarios y cómo repartir las competencias. Además, a medida que se ahonda en la propuesta surgen nuevas ideas relacionadas directamente con la cuestión planteada, como la de lograr que la sociedad civil sea también reconocida en la Constitución como un necesario aliado y así­ alcanzar una relación Sociedad-Estado distinta, más madura y evolucionada, sin miedo a que los ciudadanos participen.

El moderador de esta mesa, José Manuel González Huesa, director de ‘cermi.es semanal’ y director general de Servimedia, introduce el tema de debate entrando de lleno en la cuestión central, eso sí­ recordando que vivimos un periodo un tanto incierto en el panorama polí­tico para andar planteando reformas de este calado. Ante una posible reforma de la Constitución, apunta González Huesa, en esta mesa queremos poner en valor la importancia de que se tengan en cuenta los derechos sociales, y entre ellos los de las personas con discapacidad. ¿Es posible que dicha reforma logre que los derechos de las personas con discapacidad sean considerados como fundamentales?
 
Alberto Montero, diputado de Podemos, presidente de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, aclara en primer lugar “que la constitucionalización de los derechos sociales, económicos y culturales deberí­a ser un horizonte al que necesariamente deberí­amos transitar y a lo largo del mundo, en las nuevas tendencias constitucionales, se percibe precisamente esa tendencia a superar esa diferenciación, esa clasificación liberal de los derechos, los derechos civiles y derechos polí­ticos por un lado, y derechos sociales, económicos y culturales, por otro, y a tratar de constitucionalizarlo en igual rango de protección. Creo que es una de las grandes aspiraciones que cualquier reforma constitucional que se emprendiera en este paí­s deberí­a satisfacer”.
 
Mª Luisa Carcedo, secretaria de Bienestar Social del PSOE, se remite a las Naciones Unidas, al famoso artí­culo 25.1, para extender los derechos humanos a los sociales, económicos y culturales. Y explica que en el famoso documento de Granada donde su partido expone cómo se  debe estructurar territorialmente España y garantizar los servicios del Estado de Bienestar, ya proponen que los derechos a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales adquieran ese rango de derecho constitucional. Y afirma: “Nuestra propuesta es la creación de una subcomisión especí­fica de estudio para diseñar una propuesta de reforma constitucional en esta dirección”¦ Hasta ahora nos hemos encontrado con el muro del Partido Popular que nunca ha aceptado sentarse a discutir el alcance de esa reforma constitucional, pero no perdemos la esperanza”.
 
Desde el sector de la discapacidad y en representación del Cermi, Concepción Dí­az Robledo, vicepresidenta del Cermi, asegura que, según nuestra Constitución, somos un Estado social, pero a la hora de la verdad los derechos sociales no están constitucionalizados. Y Explica: “En estos más de 30 años de vigencia de la Constitución hemos avanzado, pero en el ámbito de los derechos sociales España todaví­a sufre un déficit en la provisión. Ahora mismo hay una variedad de sistemas de tal forma que una persona, tenga o no discapacidad, en cuanto a servicios sociales y el acceso a los recursos y prestaciones, varí­a en función de donde viva. Y en el caso de las personas con discapacidad esta diferencia se ve agravada, porque durante la crisis económica, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, nos hemos visto mucho más agraviadas”.