La Fiscalí­a y el CERMI…

La Fiscalí­a General del Estado y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) intensificarán su relación institucional para promover más activamente en el ámbito de la Justicia la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Según informó el Cermi, en una reunión entre los representantes de ambos organismos se acordó prestarse apoyo mutuo para impulsar desde cada parte las reformas y modificaciones legales precisas para dar cumplimiento a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En especial, los mandatos derivados de artí­culo 12, dedicado a la igual capacidad jurí­dica; del artí­culo 13, sobre acceso a la Justicia; del artí­culo 14, relativo a libertad y seguridad, y del artí­culo 29, sobre participación polí­tica y en la vida pública, entre otros.

Asimismo, el Cermi informó a la Fiscalí­a General del Estado de su petición al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para la creación por éste de una Fiscalí­a especial para los Derechos de las Personas con Discapacidad y Personas Mayores, y Apoyo a la Toma de Decisiones, por considerar que “resulta imprescindible que dentro de la Fiscalí­a General del Estado exista un órgano especializado que realice el seguimiento de esta amplia materia”.

Otro aspecto abordado fue la necesidad de intensificar la “lí­nea caliente” entre la Fiscalí­a General del Estado y el Cermi para la alerta temprana sobre graves casos de violación de derechos humanos de personas con discapacidad, de modo que permita actuar con rapidez y contundencia en defensa de este tipo de ví­ctimas.

Por otra parte, el Cermi pidió más medidas para mejorar la protección de derechos de las personas con discapacidad institucionalizadas (residencias, hogares colectivos, etc.), así­ como personas con discapacidad en el medio penitenciario, por la extrema precariedad de su situación.

Ambos organismos acordaron también tener una especial consideración a las personas con enfermedad mental como sujetos particularmente expuestos a vulneraciones de sus derechos, en materias como los internamientos forzosos, los tratamientos ambulatorios involuntarios, que son contrarios a la Convención Internacional, la capacidad jurí­dica y el apoyo a la toma de decisiones, el acompañamiento social y sanitario, etc.

Por último, se señaló la necesidad de mejorar los datos sobre discapacidad o relacionados con ella en las estadí­sticas y registros del Ministerio Fiscal, para su incorporación a las memorias anuales.