La Fiscalí­a General del Estado y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) intensificarán su relación institucional para promover más activamente en el ámbito de la Justicia la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Precisamente, en una reunión entre los representantes de ambos organismos se acordó prestarse apoyo mutuo para impulsar desde cada parte las reformas y modificaciones legales precisas para dar cumplimiento a los preceptos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En especial, los mandatos derivados del artí­culo 12, dedicado a la igual capacidad jurí­dica; del artí­culo 13, sobre acceso a la Justicia; del artí­culo 14, relativo a libertad y seguridad, y del artí­culo 29, sobre participación polí­tica y en la vida pública.

Por otra parte, el Cermi informó a la Fiscalí­a General del Estado de su petición al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, de crear una Fiscalí­a especial para los Derechos de las Personas con Discapacidad y Personas Mayores, y Apoyo a la Toma de Decisiones, por considerar que ‘resulta imprescindible que dentro de la Fiscalí­a General del Estado exista un órgano especializado que realice el seguimiento de esta amplia materia’.

Asimismo, otro aspecto abordado fue la necesidad de intensificar la ‘lí­nea caliente’ entre la Fiscalí­a General del Estado y el Cermi para la alerta temprana sobre graves casos de violación de derechos humanos de personas con discapacidad, de modo que permita actuar con rapidez y contundencia en defensa de este tipo de ví­ctimas.

Por último, el Cermi reclamó más medidas para mejorar la protección de derechos de las personas con discapacidad institucionalizadas (en residencias, hogares colectivos, etc.), así­ como de las personas con discapacidad que se hallan en el medio penitenciario, por la extrema precariedad de su situación.