FAMMA-Cocemfe Madrid anuncia que la Fiscalí­a Provincial de Madrid ha admitido a trámite la denuncia efectuada por FAMMA a raí­z de la huelga del Eurotaxi de Madrid, en la que la Federación exponí­a que se discriminó a personas con discapacidad y por tanto, se vulneraron los derechos de las personas con discapacidad durante las movilizaciones, e informa que el Ministerio Fiscal ha instado ya al juzgado de instrucción de la capital a abrir diligencias previas de investigación sobre lo ocurrido.

El Ministerio Fiscal, que ha efectuado la pertinente denuncia sobre este asunto, según consta en una comunicación remitida recientemente a FAMMA, por entender que los hechos podrí­an ser constitutivos de delito, ha derivado el caso, así­ como la documentación pertinente que obra en su poder, al juzgado de instrucción de la capital, que ahora deberá realizar cuantas averiguaciones sean precisas para arrojar luz al caso.

La Federación puso en conocimiento de la Fiscalí­a Provincial de Madrid a finales del mes de noviembre del pasado año que habí­a tenido constancia de que, durante las movilizaciones efectuadas por los conductores de Eurotaxi, se habí­a dejado de recoger a personas con discapacidad, pero que, por el contrario, sí­ se estaba dando servicio a personas sin discapacidad, lo que constituí­a una “clara vulneración”, a juicio de FAMMA, de los derechos fundamentales de cualquier persona.

Por todo ello, los servicios jurí­dicos de la Federación entendieron que este tipo de actuaciones efectuadas durante las movilizaciones de los Eurotaxis podrí­an ser constitutivas de distintos ilí­citos penales que son punibles y que están tipificados en el código penal español.

Ahora, la Fiscalí­a Provincial de Madrid tramita la denuncia efectuada por FAMMA y pone en conocimiento de la Federación, que el Ministerio Fiscal ha efectuado una denuncia por los hechos puestos en su conocimiento y ha instado a que se inicie la correspondiente instrucción penal por lo relatado con anterioridad.

Para la Federación es una vergí¼enza que haya tenido que actuar la Fiscalí­a Provincial de Madrid en lugar del Ayuntamiento de Madrid para investigar los hechos denunciados de los que también tení­a conocimiento previo el Consistorio.

Por último, la Federación apoya la decisión de abrir una investigación judicial que arroje luz al caso, y apremia a que, con todas las garantí­as que establece nuestro ordenamiento jurí­dico, se dilucide si los derechos de las personas con discapacidad fueron vulnerados de forma sistemática en dichas movilizaciones.