La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha destacado la necesidad de acelerar los procesos de igualdad y de garantí­a de derechos de las personas con discapacidad.

Madrigal hizo estas declaraciones durante su participación en la VI Jornada Jurí­dica de la Fundación Sí­ndrome de Down de Madrid sobre Derecho de la Discapacidad. Tras la inauguración por parte de la presidenta del Patronato de Down Madrid, Inés ílvarez, la máxima responsable del Ministerio Fiscal defendió que “la discriminación positiva es una realidad que debe inspirar la actividad de todos los poderes públicos para acelerar los procesos de igualdad y de garantí­a de derechos” de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Además, Madrigal subrayó también la importancia que tiene la protección jurí­dica de las personas con discapacidad y el hecho de abordar esta cuestión desde el punto de vista de los derechos fundamentales. En su opinión, los poderes públicos han de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad “para que puedan decidir conforme a su voluntad y sus preferencias y no vean restringida su capacidad de obrar libremente”. Asimismo, la fiscal general del Estado destacó el valor de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de cuya firma se cumple este año una década. A su juicio, este instrumento ha ejercido un efecto muy positivo a nivel pedagógico y de sensibilización de la sociedad, además de mejorar la visibilidad de este grupo ciudadano y de promover un cambio de percepción para abordar la discapacidad “como una cuestión de derecho, de diversidad funcional, de riqueza y de dignidad humana”.

EDUCACIÓN INCLUSIVA En relación al marco jurí­dico de la educación inclusiva, el fiscal Carlos Eloy Ferreirós, de la Secretarí­a Técnica de la Fiscalí­a General del Estado, afirmó que la inclusión educativa consiste en que el sistema se adapte al alumno y no al revés. “Mirar la educación desde un prisma inclusivo supone pasar de ver al niño como el problema a considerar que el problema es el sistema educativo”, dijo. Según explicó, en el curso escolar 2013-2014 eran más de 131.000 los alumnos con discapacidad escolarizados en colegios ordinarios y más de 31.000 los que asistí­an a clase en centros de educación especial. En este sentido, apuntó que “la Administración debe tender siempre a la escolarización ordinaria inclusiva de los alumnos con discapacidad y tan sólo optar por la educación especial cuando los ajustes y adaptaciones que deba realizar sean desproporcionados”.