La falta de ayudas públicas…

El Principado está poniendo en riesgo la atención que seis asociaciones prestan a 20.000 asturianos afectados por la discapacidad (y sus familias) por una deuda correspondiente al año 2014 que aún no ha abonado a estas entidades sin ánimo de lucro. Además, todaví­a no se han concedido las subvenciones previstas con cargo a los presupuestos de 2015. Las asociaciones afectadas adelantaron el dinero de sus fondos para mantener en vigor sus programas de apoyo e integración, pero ahora se encuentran con que el impago les puede llevar a la quiebra. A dos de ellas con carácter inmediato. Estos colectivos van a solicitar a los partidos polí­ticos con representación en la Junta y al Gobierno regional que las ayudas a la discapacidad figuren como un compromiso explí­cito en los presupuestos regionales.

Asturias tiene unas 105.000 personas con alguna discapacidad reconocida y las ayudas a las asociaciones que atienden a aquellas que necesitan mayores cuidados se han reducido un 67% desde el inicio de la crisis, tal y como denunció ayer el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en el Principado de Asturias (Cermi), donde se integran las principales entidades del sector. “Sólo pedimos apoyo y compromiso del Gobierno regional y de los partidos para que miles de asturianos no se queden sin una ayuda y atención impresdincible para ellos”, aseguró ayer Mónica Oviedo, presidenta de este colectivo y vicepresidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Fí­sica y Orgánica de Asturias (Cocemfe).

Oviedo explicó que hasta el año 2009 existí­a un convenio con la Consejerí­a de Servicios Sociales o de Bienestar Social por importe de 1,2 millones de euros pero dicho convenio se eliminó y las ayudas pasaron a otorgarse a partir de subvenciones a servicios sociales especializados. Pero llegó la crisis y comenzaron los recortes. “Nos dijeron que buscarí­an soluciones para mantener el apoyo y la atención”. Aquellos 1,2 millones de euros se redujeron hasta 395.000 euros, un 67% menos. Parte del dinero que recibí­an las entidades procedí­a de ayudas de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, que concedí­a 120.000 euros a través de la propia Consejerí­a, según explica la presidenta de Cermi. “Es cierto que no existí­a ningún contrato ni compromiso por escrito. Pero nosotros nos fiamos de que la Consejerí­a cumplirí­a su palabra por responsabilidad y porque hacemos un trabajo que no hace nadie más. Son programas básicos que siempre se han desarrollado con normalidad y que su desaparición supondrí­a dejar sin atención a miles de personas”.