Marvin Wilson, afroamericano de 54 años, será ejecutado el martes en el estado de Texas por un asesinato cometido en 1992. El 4 de noviembre de aquel año, Wilson fue detenido y luego puesto en libertad bajo fianza por posesión de cocaí­na. Seis dí­as después se encontró en Beaumont, Texas, el cadáver de Jerry Williams, el informador de la policí­a que habí­a conducido a su detención. Le habí­an disparado. Marvin Wilson fue acusado de su asesinato, declarado culpable y condenado a muerte en 1994.

En 1997, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas anuló su declaración de culpabilidad porque el fiscal habí­a presentado argumentos indebidos al jurado. Fue juzgado de nuevo en 1998 y volvió a ser declarado culpable y condenado a muerte. Sus abogados actuales han puesto en duda su papel exacto en el asesinato y la fiabilidad de las pruebas presentadas en su contra. En 2003, los abogados de Wilson impugnaron su condena a muerte alegando discapacidad intelectual de su defendido y un año más tarde un neuropsicólogo designado por el tribunal, con 22 años de experiencia clí­nica, se la diagnosticó tras someter al condenado a nueve pruebas diferentes de distinto tipo y revisar los materiales e historiales existentes.

Señaló que al reo se le habí­a calculado un cociente intelectual entre 61 y 75: el más bajo era el que se le habí­a calculado recientemente, con una prueba considerada en general la más exacta. Wilson habí­a asistido a clases de educación especial durante su etapa escolar infantil y el experto concluyó que, de adulto, su desarrollo lingí¼í­stico estaba “bien entrado en el grado de discapacidad”, su comprensión lectora era “muy limitada” y sus aptitudes conceptuales y prácticas eran sustancialmente deficientes. La acusación no ha presentado testimonios de expertos que rebatan estas conclusiones, pero los tribunales estatales rechazaron la alegación basándose en las directrices de la Corte de Alegaciones de lo Penal de Texas y los tribunales han confirmado esta negativa.

La alegación de los abogados de Wilsón se basó en una sentencia de 2002 de la Corte Suprema de Estados Unidos, la de Atkins versus Virginia, que declaró ilegal la ejecución de personas que sufrieran “discapacidad Intelectual”, por consicderar que violaba la prohibición constitucional de las “penas crueles e insólitas”.

En dicha sentencia, la Corte no definió la discapacidad intelectual, aunque señaló las definiciones empleadas por la Asociación Psiquiátrica Estadounidense y la Asociación Estadounidense sobre Discapacidad Intelectual (ahora denominada Asociación Estadounidense sobre Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo). Según tales definiciones, esta discapacidad, que se manifiesta antes de los 18 años, se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media (por lo general, señalado por un cociente intelectual inferior a 70), acompañado de limitaciones en dos o más áreas adaptativas, como la comunicación, el cuidado de uno mismo, el trabajo y el funcionamiento en la comunidad.

La Corte Suprema dejó en manos de los estados el modo de cumplir con la sentencia. Diez años después, la Cámara de Representantes de Texas aún no ha promulgado una ley para aplicar la resolución. Ante la ausencia de dicha legislación, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas emitió en 2004 directrices temporales.

Un tribunal de primera instancia de Texas rechazó la alegación Atkins de Marvin Wilson en noviembre de 2004. La Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas y los tribunales federales confirmaron esta decisión, pese a que la acusación no habí­a presentado ningún testimonio experto que rebatiera la conclusión del experto de la defensa de que Marvin Wilson cumplí­a los criterios para un diagnóstico de discapacidad intelectual leve. El tribunal estatal abordó en un solo párrafo la cuestión de los déficits adaptativos y la cuestión de que la discapacidad intelectual habí­a aparecido antes de los 18 años. De hecho, no llegó a ninguna conclusión explí­cita sobre si Marvin Wilson tení­a limitaciones significativas en cuanto al funcionamiento adaptativo. En lugar de eso, llegó a conclusiones en virtud de las directrices “temporales” de 2004 elaboradas por la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas ante la ausencia de una orientación de la Cámara de Representantes texana (esas directrices se conocen como factores “Briseño”, ya que se elaboraron en el caso del condenado a muerte José Briseño).

Así­, por ejemplo, el tribunal estatal concluyó que no habí­a pruebas de que Marvin Wilson siguiera las indicaciones de otra persona, que era capaz de mentir cuando consideraba que serví­a a sus intereses, que el delito demostraba premeditación y planificación deliberadas y que no habí­a pruebas de que nadie le hubiera considerado un discapacitado intelectual ni le hubiera diagnosticado dicha discapacidad antes de los 18 años.

En 2011, la Corte de Apelación del Quinto Circuito, corte federal, señaló que, “basándose en las pruebas [presentadas ante el tribunal estatal], otros investigadores podrí­an llegar a una conclusión diferente respecto a si Wilson sufre discapacidad intelectual”. Pese a ello, la Corte del Quinto Circuito resolvió que, en virtud de la deferencia que, según la ley estadounidense, los tribunales federales deben otorgar a las resoluciones de los tribunales estatales, Marvin Wilson no habí­a superado la “presunción de corrección” adscrita a la decisión del tribunal estatal.

Los abogados de Wilson han apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos en relación con varias cuestiones, incluida la de si Texas -y la Corte del Quinto Circuito, como corte federal encargada de supervisar los casos de pena capital en Texas- se han convertido en “factores atí­picos extremos” que, al basarse en los “factores Briseño”, proporcionan una protección deficiente en virtud de la resolución Atkins.

En su informe a la Corte, alegan: “Los tribunales de Texas y la Corte del Quinto Circuito están […] permitiendo que la ejecución siga adelante, tras concluir que la resolución Atkins no se aplica al Sr. Wilson porque éste no cumple los factores ‘Briseño’. Los factores Briseño, que los tribunales de Texas utilizan para determinar la discapacidad intelectual, limitan la categorí­a de delincuentes protegidos por la resolución Atkins al permitir la ejecución de delincuentes con una ‘discapacidad intelectual leve’, el trastorno para el que Atkins anunció originalmente la exención de la Octava Enmienda”. La cuestión que se plantea a la Corte Suprema, expone el informe, es “si Texas puede eludir la resolución Atkins y si los tribunales federales de instancia inferior deben hacerla cumplir”.

Los abogados han seguido apelando además contra la fiabilidad de la declaración de culpabilidad de Marvin Wilson, y han señalado los motivos dados por la Corte Suprema de Estados Unidos en la causa Atkins para prohibir la pena de muerte contra delincuentes que sufren una discapacidad intelectual, de quienes la Corte Suprema ha dicho que son categóricamente menos culpables a causa de su discapacidad (por ejemplo, esa discapacidad puede hacer que una persona no pueda testificar en su propio favor, que haga confesiones falsas, etc.).

En su informe a la Corte Suprema, los abogados señalan que Marvin Wilson “recibió su condena exactamente en las mismas circunstancias que convierten en problemática la aplicación de la pena capital a delincuentes con discapacidad intelectual: era uno de los varios autores del delito, la identificación del agresor principal hecha por los testigos varió con el tiempo, el cómplice más capacitado señaló al Sr. Wilson como promotor del delito, y el testimonio sobre la ‘confesión’ del Sr. Wilson procedí­a de la esposa del cómplice.”