La Dirección General de Universidades reconoce no poder poner orden en el gasto de los fondos públicos que se destinan para la UCM
FAMMA denuncia que es lamentable que la administración autonómica no tome cartas en el asunto de lo que está ocurriendo actualmente en la Universidad Complutense de Madrid al respecto del colectivo de personas con discapacidad, simplemente, pidiendo explicaciones de cómo se destinan las ayudas económicas que percibe la Universidad de la Consejería de Educación, para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad de la UCM.
Una situación que va en contra de las distintas normas que establecen, la obligación legal por parte de la Universidad Complutense de Madrid, de crear programas de apoyos específicos para este colectivo con el objetivo de que puedan estudiar integrándose en la comunidad universitaria sin problemas.
Según la Federación “La situación que se vive actualmente es como si viéramos un delito y miráramos para otro lado. Es incomprensible que aún teniendo la Universidad plena autonomía para la gestión de los fondos públicos que percibe de la administración autonómica, ésta mire para otro lado sin tomar medidas en la verificación del buen gasto que se realiza de los mismos.”
La respuesta ofrecida por parte de la Dirección General fue que no tenían competencias para controlar los fondos públicos que se destinaban a la Universidad y que es una cuestión que sólo puede determinar la Cámara de Cuentas de Madrid.
Una respuesta que va en sentido contrario con lo que se establece por obligación la Ley Orgánica de Universidades en el Artículo 82, Desarrollo y Ejecución de los Presupuestos, que dice textualmente “las comunidades autónomas que establecerá las normas y procedimientos para el desarrollo y ejecución del presupuesto de las universidades, así como para el control de las inversiones gastos e ingresos de aquellas mediante las correspondientes técnicas de auditoría bajo la supervisión de los Consejos Sociales.”
De esta situación se desprende que es posible que la Universidad tenga plena autonomía para su gestión, pero también queda claro que debe rendir cuentas a quien le facilita los fondos públicos para su funcionamiento, es decir a la Comunidad de Madrid. En este sentido, la Federación exigió a la Dirección General de Universidades que, a su vez, ésta exigiera a la UCM información de qué partida del presupuesto se designó a las discapacidad durante el año 2012 de manera concreta, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones que la Ley marca en apoyo a los universitarios con discapacidad.
La Consejería de Educación se lava así las manos al respecto del gran problema que sufren las personas con discapacidad en la Universidad Complutense de Madrid, tras la retirada de los servicios de apoyo que percibían las personas con discapacidad para acudir al baño y, por tanto, a cursar sus estudios con plenas garantías de integración. La Universidad dice no tener dinero para seguir sufragando este servicio.
Ante la falta de respuesta por parte de la Consejera de Educación, Lucia Figar, el presidente de la Federación ha pedido la involucración directa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y le ha instado a trasladar al Ministerio de Educación, la necesidad de revisar las normas que determinan la derivación de fondos públicos a las universidades para evitar éste tipo de gestiones, que nada tienen que ver con el buen gobierno y si más con un “reino de taifas” que no va aninguna parte, salvo a destrucción de una parte importante del sistema de educación de nuestro país.
FAMMA reclama también que el Consejo Social, constituido dentro de la Universidad como órgano de participación de la sociedad en la misma, ejerza sus funciones y asuma su responsabilidad en este asunto. El Consejo debería promover la colaboración de la Universidad para resolver este asunto y no lo ha hecho.
Finalmente, tras la nula contestación por parte de quienes gobiernan la Universidad Complutense de Madrid a los requerimientos de la Federación, parece ser que estamos ante un organismo público de gran relevancia, sin nadie que dé la cara a problemas tan importantes como los que están ocurriendo en esta universidad. Una situación que demuestra la falta de sensibilidad y tacto hacia el debido cumplimiento de los derechos de los estudiantes con discapacidad y de las distintas leyes que les protege. Por ello la Federación no descarta denuncia a la Universidad.
Desde la Federación se piden más hechos y menos palabras por quienes dirigen una consejería tan importante como es la de educación y pide romper, de una vez por todas, el reino de tarifas que supone la Universidad Complutense de Madrid en perjuicio de un colectivo tan vulnerable como es el de las personas con discapacidad.