La precariedad económica por la que atraviesa la Junta de Andalucí­a, al margen de los enfrentamientos con el Gobierno central por el volumen del déficit real, ha empezado a cebarse en los sectores más necesitados de una comunidad en la que  las universidades tienen problemas para pagar las nóminas o, en otros casos, sólo pueden atender a ellas dejando al margen gastos imprescindibles ya programados.

Miles de personas con discapacidad ven en peligro sus centros de integración laboral, y los programas de la Ley de Dependencia, que el Gobierno andaluz suele esgrimir como exponente de su polí­tica social, se encuentran bloqueados en muchos casos por falta de pagos a las empresas que los gestionan.

El rectorado de la Universidad de Cádiz se ha dirigido a la comunidad educativa para advertirle de que sólo hay dinero para sueldos. Los proyectos de investigación y las infraestructuras pendientes carecen ya de fondos, por la falta de transferencias de la Junta de Andalucí­a, que tiene una deuda pendiente con esta institución de 43 millones de euros, casi la mitad del presupuesto del año pasado. Y para el ejercicio corriente, lo que se cierne es un mar de dudas, sobre todo en lo relativo al campus de excelencia, una iniciativa de la que la Junta suele presumir como referente de calidad universitaria, y que tiene que ser dotada con 4,8 millones que, de momento, ni están ni se les esperan.

La Universidad de Huelva, por su parte, ha tenido problemas para pagar las últimas nóminas a sus 800 empleados, entre profesores y resto de personal. Las deudas de la Junta con esta institución se eleva a 20 millones de euros, y la obligación de hacer frente a los pagos de las obras pendientes impide contar con la liquidez necesaria para atender a los salarios del personal.

En el plano de la polí­tica social, los conflictos derivados de los impagos a las empresas que gestionan los servicios de Dependencia se extienden por toda Andalucí­a. En Jerez hace meses ya que las empleadas de este servicio han dejado de cobrar sus nóminas. El anterior gobierno municipal, del PSOE, desvió gran parte del presupuesto de la Junta para este capí­tulo a otros cometidos, sin que desde el Gobierno andaluz se hiciera nada por evitar esta irregularidad de su propio partido.

El Ayuntamiento de Algeciras amenaza ya con desprenderse de la gestión del servicio de la Ley de Dependencia. Este consistorio le adelanta cada mes a la empresa concesionaria el coste de la plantilla sin que reciba los fondos que la Junta tiene que darle para ello. En Jaén, la concesionaria del mismo servicio de la Ley de Dependencia lleva un año de retraso en el pago de los sueldos a las trabajadoras, que han iniciado una huelga indefinida.

La polí­tica social hace agua, mientras en la precampaña electoral del 25-M, el partido en el poder se refiere a sus principales “logros” en este plano de la gestión pública, con datos teóricos que contrastan con la dura realidad que viven ya miles de personas de la tercera edad que sufren deficiencias en los servicios.

Por si fuera poco, los centros especiales de empleo, donde trabajan discapacitados, sufren demora en los pagos de la Junta desde hace casi cuatro años. El Gobierno andaluz les debe ya 15 millones de euros, y si nadie lo remedia, los 400 centros de este tipo que hay en Andalucí­a tendrán serias dificultades para mantenerse abiertos.

Las deudas de la Junta no se refieren sólo, como se observa, a los 2.500 millones pendientes con empresas de la construcción o del sector de la sanidad, como publicó El Confidencial, y cuyos impagos han afectado al mantenimiento del empleo, o al sector agrario, que no recibe las ayudas a la reconversión de cí­tricos ”“un 40% de la inversión-, según denuncia Asaja, sino a los sectores más sensibles e indefensos.

La Junta se encuentra en situación de bloqueo y en la Administración autonómica no se mueve un papel que no sea para el juzgado que instruye el caso de los ERE. Los funcionarios parecen pendientes de unas elecciones próximas en las que puede producirse un cambio de Gobierno, mientras el ejecutivo de Griñán no da respuesta a las reivindicaciones.

El debate económico, en cambio, se hace por elevación: el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, muestra sus dudas sobre las cuentas de la Junta, las facturas en los cajones y el verdadero dato del déficit, mientras el equipo de Griñán desmiente al Gobierno central con datos que contrastan con una realidad tozuda en los sectores más directamente relacionados con la polí­tica social.