La Dependencia rebajará como mínimo el 15% de ayudas a los cuidadores familiares
La nueva Ley de Dependencia rebajará como mínimo un 15% la ayuda económica que otorga a las personas que se quedan en casa para cuidar de sus familiares dependientes. A partir de ahí cada comunidad autónoma podrá aumentar esa rebaja. Según las fuentes consultadas, en la reforma se quiere potenciar que el servicio sea prestado por profesionales en detrimento de los familiares.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se ha reunido con las comunidades autónomas en el marco del Consejo Territorial de Dependencia para analizar los cambios que se aprobarán el viernes.
La nueva normativa recoge varias novedades importantes sobre los llamados cuidadores familiares, un colectivo de 180.000 personas que atiende diariamente a sus familiares con diferentes problemas. La mayoría son mujeres, más de un 90% del total. El cuidador familiar es en la actual ley una excepción que se ha generalizado, algo que se pretende cambiar. Así, las modificaciones pretenden potenciar al profesional.
El Gobierno ha pactado una rebaja del 15% de la ayuda que reciben, aunque cada autonomía podrá aumentar esta reducción de la prestación. La cuantía media que cobran estas personas ronda los 400 euros al mes, aunque en las situaciones más desfavorables la prestación llega a un máximo de 530 euros.
Todos estos cuidadores familiares han sido dados de alta en la Seguridad Social, pero a partir de ahora se dejará de hacer, aunque se mantendrá a aquéllos que estaban.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha subrayado que el sistema de dependencia está “colapsado” y ha puesto de citado que hay una lista de espera “de más de 300.000 personas”. “La dependencia es insostenible y necesita un cambio”, ha remarcado.
En cuanto a cifras, Mato ha justificado la nueva normativa por el “exceso de 2.700 millones de euros” en el periodo de 2007 a 2011 y ha apuntado que existen 225.000 grandes dependientes más de los que estimó el Gobierno en su día.
Entre las principales medidas acordadas, destaca la simplificación del sistema en tres grados de dependencia. También, como ya se había adelantado, se tendrá en cuenta la renta y el patrimonio para calcular lo que el dependiente tiene que pagar.
Mato, ante las quejas de autonomías como Andalucía, finalmente, ha aceptado que nadie que cobre por debajo de los 532 euros -la cuantía del IPREM- tenga que pagar gasto alguno.
