La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentó en el Senado un informe sobre las áreas de juego infantil en España, en el que alerta de una deficiente normativa sobre la seguridad de estos recintos y una indebida conservación de sus instalaciones, así­ como de sus carencias de accesibilidad para personas con discapacidad.

En materia de legislación sobre seguridad de estas zonas de juego, el informe advierte que ni la Administración General del Estado ni la mayorí­a de las comunidades Autónomas y municipios han establecido unos requisitos mí­nimos obligatorios de seguridad sobre la instalación, conservación y mantenimiento del equipamiento de los parques infantiles.

Eso significa, según la institución del Defensor del Pueblo, que “en muchos lugares no solo no está garantizado que la instalación se ha ejecutado correctamente y que se realizan periódicamente tareas de mantenimiento, sino que ni siquiera es exigible. Así­ pues, unos niños juegan en condiciones más seguras que otros”.

Respecto a la exigibilidad de la seguridad, en los casos de las dos únicas comunidades autónomas que han regulado la materia (Andalucí­a y Galicia) no se ha incluido un capí­tulo sobre infracciones ni sanciones. “No es suficiente”, señala el informe, “exigir que los equipos de juego se fabriquen cumpliendo todos los estándares europeos de seguridad; debe exigirse además una instalación adecuada y la realización de inspecciones periódicas y tareas de mantenimiento por personal cualificado. Los equipamientos de juego infantil tienen una utilización intensiva, continua y constante; en consecuencia, las labores de conservación y mantenimiento también han de serlo”.

En cuanto a la accesibilidad, el Defensor ha constatado que “en la actualidad hay pocos parques infantiles adaptados en nuestro paí­s que permitan la integración de todos los niños, con y sin discapacidad”.  “Este déficit, que suele pasar inadvertido para la población no afectada, supone un problema no solo para los niños, que no pueden acceder ni utilizar las instalaciones, sino también para los padres y cuidadores, que no disponen de espacios de recreo donde los pequeños puedan interactuar en condiciones de igualdad con otros niños de su edad”, agrega el estudio.

Según el Defensor, la Administración General del Estado ha regulado unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, pero “se ha obviado las áreas de juego infantil y los equipamientos recreativos infantiles. Serí­a un gran paso, a su juicio, establecer unos requisitos de accesibilidad a las áreas de juego infantil, no solo en itinerarios y rampas de acceso a los parques, sino también en el equipamiento de juego.

El Defensor del Pueblo considera que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero “hay un margen de mejora para hacer que las áreas de juego de nuestras ciudades y pueblos sean más seguras y más accesibles”. Por eso, propone una serie de recomendaciones entre las que destaca la aprobación por parte de la Administración General del Estadode unas condiciones mí­nimas de seguridad que deban cumplir todas las áreas de juego infantil de nueva construcción.