La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha instado al Gobierno a aprobar la cualificación profesional de asistente personal, hoy inexistente en el catálogo nacional de cualificaciones, y que lleva acumulado un enorme retraso, a pesar de que desde 2007 la asistencia personal está recogida en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomí­a Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia como una prestación de este sistema de protección social.

A raí­z de una queja presentada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el Defensor del Pueblo ha investigado la situación del proceso para crear esta cualificación profesional, puesto en marcha en 2008, y ha determinado que el mismo fue bloqueado en 2010 por el Imserso, cuando estaban muy adelantados los trabajos preparatorios, por entender que era muy escaso el número de potenciales profesionales.

Según informó el Cermi, a la luz de estos hechos, la defensora del Pueblo se ha dirigido a los ministerios de Educación y Empleo, responsables de las cualificaciones profesionales, y al de Servicios Sociales, encargado de impulsar y desplegar la Ley 39/2006, para que en el proceso de revisión de las cualificaciones profesionales relacionadas con la autonomí­a personal y la atención a la dependencia, retomen la regulación de la asistencia personal como cualificación propia y diferenciada.

Por último, el Cermi señala que la creación de esta cualificación es uno de los elementos necesarios para que la prestación de asistencia personal se extienda y se generalice entre las personas con discapacidad, ya que es la más apropiada para permitir una vida independiente y la inclusión en la comunidad, derecho reconocido en el artí­culo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.