La Defensora del Pueblo acaba de instar al Gobierno a aprobar el reglamento de accesibilidad de bienes y servicios. Así­ lo ha trasladado al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), a través de un escrito, en relación a una queja presentada por esta organización.

Precisamente, la Secretarí­a de Estado de Servicios Sociales e Igualdad hace referencia en una carta a la necesidad de cumplir, con la mayor brevedad posible, el mandato legal en la Liondau, y expresa su voluntad de que esta regulación se lleve a cabo, en la medida en que es necesaria para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y sus familias en la esfera de los bienes y servicios a disposición del público.

Asimismo, aunque reconoce que la aprobación de esta norma sufre un importante retraso, hace constar que durante estos años se han llevado a cabo trabajos conjuntamente con otros ministerios, y con la participación de las personas con discapacidad y sus familias a través del Cermi. Y, además, informa de que el proyecto ha sido objeto de análisis e informe favorable por la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad.

Además, entre estos trabajos a los que hace referencia, destaca el acuerdo suscrito con Tragsatec S.A. en mayo de 2011 por la Secretarí­a de Estado de Polí­tica Social y Consumo para la elaboración de un estudio sobre el impacto económico de la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad en el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.

En este sentido, manifiesta que el último de los borradores de proyecto y la memoria del impacto normativo, que incluye como anexo el estudio sobre el impacto económico, fueron remitidos a la Dirección General de Polí­ticas de Apoyo a la Discapacidad a la Subdirección de Normativa de la Secretarí­a General Técnica del Ministerio, desde donde se continúa su tramitación.

Por último, señala que actualmente este proyecto normativo de referencia se encuentra en trámite de audiencia y de consulta a los ministerios competentes y que próximamente se someterá a consulta de las comunidades autónomas.