La Fiscalí­a de Valladolid y los letrados de las partes personadas en el proceso judicial contra la cuidadora Gabriela L.B, acusada de la muerte el 15 de agosto del pasado año de tres niños con discapacidad que tení­a a su cargo en el centro de Mensajeros de la Paz en Boecillo, negocian un acuerdo penal y de responsabilidad civil con el que se evitarí­a la celebración de la vista oral prevista mediante un tribunal del jurado.

La condena penal a imponer ascenderí­a a un total de 45 años de cárcel por tres delitos de asesinato, a razón de 15 por cada una de sus ví­ctimas, según informó ayer el diario La Gaceta de Salamanca, que recoge que con respecto a la condena carcelaria no ha habido demasiada discusión, dado que los informes psiquiátricos señalan que la mujer era perfectamente consciente de los que hací­a en el momento de perpetrar los crí­menes.

Las discrepancias han surgido no obstante con respecto a la responsabilidad civil, pues la ONG Mensajeros de la Paz, de la que depende el centro, ha ofrecido 40.000 euros en total, propuesta que a los representantes legales de las familias parece insuficiente, mí­nima, teniendo en cuenta la insustituible pérdida, pero que la ONG plantea por entender principalmente que en el momento en el que tuvieron lugar los macabros hechos, los pequeños no se encontraban con los padres, sino que habí­an sido ya acogidos por Mensajeros de la Paz.

Fuentes del Ministerio Público indicaron ayer a El Norte que «no hay nada cerrado y que todo dependerá del acuerdo al que se llegue respecto a la responsabilidad civil», que deberí­a recaer en la mujer o en organización que contrató a la monitora y gestionaba el centro. Más información en elnortedecastilla.es.