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Acaban de cumplirse seis años de la aprobación de la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos española y catalana, y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Una norma en la que la comunidad sorda habí­a depositado muchas expectativas, y que sin embargo, no ha evitado que las personas sordas sigan encontrando barreras de comunicación en su dí­a a dí­a.

Precisamente, en este sentido, Concha Dí­az, presidenta de la CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, señaló que «aún hay alumnado sordo en las aulas que no dispone de servicios de intérpretes». Para Concha Dí­az es vital que «la administración educativa garantice que este alumnado pueda acceder también a modelos educativos bilingí¼es en lengua de signos». Para ello ?aseguró? «habrí­a que comenzar a regular normativamente las condiciones mí­nimas el aprendizaje, conocimiento y uso de la lengua de signos en los centros educativos y formativos». Otra de las demandas que expone la CNSE es la creación de reglamentos que desarrollen la utilización de la lengua de signos española en diferentes ámbitos, así­ como los apoyos para cualquier tipo de ayuda técnica y medio de apoyo a la comunicación que precisen las personas sordas.

Asimismo, la entidad considera fundamental el reconocimiento de los profesionales sordos especialistas en lengua de signos que llevan años enseñando y difundiendo la lengua de signos en España.

Por último, la presidenta de la CNSE insta al Gobierno a que en la futura Ley General de la Discapacidad se contemple el respeto a la identidad lingí¼í­stica y cultural de las personas sordas, y a la no discriminación de las personas usuarias de la lengua de signos, tal y como recoge en sus artí­culo 30 y 2, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.