Justicia tendrá en cuenta las…

En la imagen, dependencias interiores de un juzgado.El Ministerio de Justicia ha informado al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de que tendrá en cuenta en la futura regulación de la normativa civil las necesidades de las personas con discapacidad en la tramitación de la adquisición de la nacionalidad por residencia y que realizará los ajustes razonables para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Así­ ha respondido Justicia a una propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en la que solicitaba modificar el procedimiento de adquisición de la nacionalidad española para no discriminar a las personas con discapacidad. En su petición, el CERMI señalaba que dentro de la regulación de la Ley del Registro Civil se establece que, en el marco de los supuestos en que una persona tiene derecho a optar por la nacionalidad española, si la persona interesada es mayor de edad o está emancipada puede hacerlo por sí­ sola; mientras que si la persona “está incapacitada” (terminologí­a vigente), sólo la puede ejercer su representante legal, con autorización del encargado del Registro Civil, excepto si su sentencia de incapacitación lo permitiera. Según el CERMI, se dan casos en que personas, con condiciones de ejercer este derecho, no lo pueden hacer, debido a que presentan una discapacidad, generalmente intelectual o personas con discapacidad intelectual lí­mite. Esto se debe, según precisa, a que la regulación del Registro Civil no está adaptada aún a los mandatos de la Convención de la ONU, a pesar de que España la ha firmado y ratificado, así­ como su Protocolo facultativo. Desde el pasado 3 de mayo de 2008 este cuerpo normativo internacional forma parte del ordenamiento jurí­dico español.

Por último, además, la Convención de la ONU reconoce el derecho de las personas con discapacidad a adquirir y cambiar una nacionalidad en igualdad de condiciones a las demás personas y establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurí­dica en igualdad de condiciones a las demás en todos los aspectos de la vida, según apunta el Comité.