El exmagistrado del Tribunal Supremo y patrono de la Fundación Aequitas Benigno Valera manifestó este miércoles en el Foro Servimedia-Comunicación sobre ‘Reforma del Código Penal y protección jurí­dica de las personas con discapacidad’ que “no tiene sentido que en los tiempos que vivimos se siga hablando de personas incapaces y del procedimiento de incapacitación”.

Varela puso así­ de manifiesto los desequilibrios que aún persisten en la ordenación jurí­dica de la discapacidad en España y recordó que la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la misma capacidad jurí­dica a todas las personas independientemente de sus capacidades.

Con Varela, también participaron en el encuentro el director de Comunicación de Servimedia, Arturo San Román, que actuó como moderador; el Ffiscal de la Sala Civil del Tribunal Supremo, José Marí­a Paz; el notario y presidente de la Fundación Aprocor, Ramón Corral; el catedrático de Derecho Penal de la UNED y abogado penalista, Luis Rodrí­guez Ramos; y la asesora jurí­dica de Feaps, Inés de Araoz.

Mientras que el Código Penal, tras la reforma que entró en vigor el pasado 1 de julio, ha sustituido el término “incapaz” por el de “persona con discapacidad necesitada de especial protección”, el Código Civil sigue hablando de causas de incapacitación en referencia a enfermedades o deficiencias permanentes de carácter fí­sico o psí­quico, según subrayó Rodrí­guez Ramos, resaltando el hecho de que “de los tres sectores que están implicados en la regulación de la discapacidad, el administrativo, el penal y el civil, es el civil el que menos se ha adaptado”.

Para la asesora jurí­dica de Feaps, el cambio en el Código Penal no es suficiente, porque “hay que aplicar la Convención de la ONU en todos sus términos y avanzar en la capacitación del personal de la Administración de Justicia”.

Por su parte, el Fiscal José Marí­a Paz consideró que la reforma penal supone un avance en la protección jurí­dica de las personas con discapacidad, pero que “van a surgir problemas técnicos en su aplicación y existe el riesgo de que algunas personas queden desprotegidas”.

Por último, Corral consideró que “no cabe duda de que la Convención (de la ONU) debe aplicarse, y todos los problemas que puedan surgir podrán solucionarse a la luz del principio de que todas las personas tienen la misma capacidad jurí­dica con el único matiz de si una persona necesita de un apoyo especializado, ya sea para un acto determinado, para un periodo determinado y con mayor o menor intensidad”.