Instan al Gobierno a llevar…

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición de ley en la que urge al Gobierno a cumplir la norma y trasladar de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a la social los asuntos relacionados con la atención a las personas en situación de dependencia. Según explica el PSOE en la exposición de motivos de su iniciativa, la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, amplí­a, racionaliza y clarifica el ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional social, concentrando en él todas las materias que pueden calificarse como sociales, entre las que figuran las relativas a la dependencia.

De esta forma, prosigue, esta ley (la de 2011) asigna al orden jurisdiccional social las materias relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad y las incluidas en la Ley de Dependencia, dejando a las restantes como objeto de conocimiento del orden contencioso-administrativo.

Así­, aclaran los socialistas, no será la jurisdicción contencioso-administrativa la que conocerá de estos asuntos, sino que serán competencia de la jurisdicción social, “más ágil, próxima y económica para el ciudadano”.
Sin embargo, apunta el PSOE en su argumentación, la norma reguladora de la jurisdicción social establece en su disposición final séptima que la entrada en vigor de la atribución de competencias relativas a las prestaciones derivadas de la Ley de Promoción de la Autonomí­a Personal, a la que se refieren los apartados o) y s) de su artí­culo 2, se fijará en una ulterior ley que deberá ser remitida a las Cortes Generales en el plazo de tres años.
Puesto que el periodo de tiempo fijado en dicha norma ha pasado y la ley no se ha desarrollado en este punto, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de ley en la que propone el cambio previsto en la normativa de 2011.

Por último, su iniciativa, que consta de un artí­culo único y de dos disposiciones (una transitoria y otra final), aboga por la “atribución a la jurisdicción social de las cuestiones litigiosas relativas a las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomí­a Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”.