Acaba de entrar en vigor la reforma de la Ley del Medicamento de 2006, que tiene como objetivo evitar que las comunidades autónomas introduzcan diferencias en el catálogo, precio y condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios, y modificar el precio industrial que fije el Ministerio de Sanidad para los mismos.

El texto, que entró hoy en vigor tras haber sido publicado ayer en el Boletí­n Oficial del Estado (BOE), también incorpora al ordenamiento jurí­dico español dos Directivas Europeas que pretenden mejorar los sistemas de farmacovigilancia y de entrada de fármacos falsificados. La reforma, que salió adelante la pasada semana en el Congreso de los Diputados tras haberse aceptado todas las enmiendas procedentes del Senado con el apoyo mayoritario del PP, evitará también que se pueda modifica el precio industrial que fije el Ministerio de Sanidad para fármacos. “Las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios. Dichas medidas de racionalización serán homogéneas para la totalidad del territorio español y no producirán distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios”, señala la normativa.

Asimismo se añade un nuevo apartado donde se establece que “el precio industrial de financiación pública, establecido por el órgano competente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para los medicamentos dispensados en oficinas de farmacia mediante receta médica oficial del Sistema Nacional de Salud, no podrá ser objeto de modificación o bonificación, salvo en el caso de que la misma consista en un descuento porcentual o lineal aplicable en todo el territorio nacional”. 

Por último, en el propio BOE se recuerda que esta Ley supone un “refuerzo imprescindible” de las garantí­as en la fabricación y distribución de medicamentos y sus principios activos, así­ como la venta legal de medicamentos a través de Internet o de otros medios telemáticos o indirectos, y en la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal de suministro, de acuerdo con la citada normativa europea vigente en la materia.