Gobierno y oenegés defienden que…

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Plataforma del Tercer Sector son partidarios de que el reparto de los fondos recaudados a través de la casilla ‘otros fines sociales’ del IRPF siga siendo estatal, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional a favor de la reivindicación de Cataluña para asumir dicha gestión.

En rueda de prensa, la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio, Salomé Adroher, reivindicó ‘el modelo que durante 20 años ha funcionado y ha articulado el territorio nacional’, con lo que a su juicio deben buscarse ‘fórmulas jurí­dicas para que respetando las competencias de las comunidades autónomas, se garantice que la recaudación de la solidaridad llegue a todos los rincones de España’.

Por su parte, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, indicó que en estos momentos de crisis no ‘viene bien meterse en temas de competencias entre comunidades autónomas’, y aseguró defender la gestión estatal del 0,7, ‘porque lleva funcionando bien 20 años’.

‘Nosotros ayudamos a las personas independientemente del territorio’, subrayó Poyato, quien advirtió de que si ‘se transfiere (la gestión) a lo mejor hay comunidades que no destinan este dinero a las ONG, dado el déficit que arrastran, o que demoran los pagos’. Poyato sí­ reconoció que Cataluña aporta más de lo que recibe, pero se preguntó qué “dirí­an Andalucí­a, Murcia, Castilla-la Mancha o Extremadura” si el reparto se hiciera en función de este criterio”.