El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón insistió ayer, a pesar de la presión social, en su pretensión de eliminar el supuesto de malformación del feto de la ley del aborto. El polí­tico reiteró en los pasillos del Congreso que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos que el conjunto de los españoles, y defendió este principio tanto «para aquellas personas que han nacido» como para las «personas que están en proceso de nacer».

Según el ministro, «la discapacidad nunca puede significar, en una sociedad avanzada, una merma de derechos y, por tanto, los discapacitados deben tener exactamente los mismos derechos que el resto de los españoles», subrayó. A su juicio, este es un principio que hay que tener «muy claro», incluso «para aquellas personas que están en proceso de nacer». Pero no aclaró si su reforma afectarí­a también a los casos de los fetos con malformaciones incompatibles con la vida.

Las crí­ticas a la reforma de la ley de plazos, aprobada por el Gobierno socialista hace dos años, continuaron ayer. Desde el movimiento feminista promotor de la campaña por el Derecho al Aborto Libre y Gratuito se calificó la medida de «hipócrita y perversa», ya que choca con la «realidad cotidiana de tantas mujeres» que no pueden asumir una maternidad en el momento del embarazo.

Desde el PSOE han solicitado la comparecencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en el Congreso para que informe sobre la reforma de la ley del aborto. La diputada socialista, íngeles ílvarez, mostró su preocupación por «este recorte a la libertad sexual de la mujer» y a decidir sobre su maternidad, además de limitar el acceso a la contracepción de emergencia.

El sindicato Comisiones Obreras también rechazó ayer la reforma porque considera que el aborto es un derecho «irrenunciable» de las mujeres.