Frenazo a las ayudas para…

L.M. lleva utilizando silla de ruedas desde hace 17 años, cuando un accidente de tráfico le produjo una lesión medular. Con los aproximadamente 350 euros de ayuda que tiene en la Comunidad de Madrid (vive en Alcalá), sólo podrí­a acceder a “una silla convencional”. Por esta razón, con el apoyo económico de su familia, tiene una que cuesta 4.000 euros (recibe esos 350 euros de ayuda). A partir de ahora, con la nueva regulación que tiene previsto aprobar el Consejo Interterritorial, ya no podrá ni siquiera beneficiarse de esa ayuda.

Hace aproximadamente tres años, con el objetivo de unificar criterios y sistemas de financiación en todas las comunidades autónomas (por ejemplo, Andalucí­a y Cataluña financian al 100% los productos ortoprotésicos de su catálogo), el Ministerio de Sanidad inició el diseño de una cartera básica de servicios para toda España (el Real Decreto 1506/2012), con la colaboración, entre otros agentes, de la Federación Española de ortesistas protesistas (Fedop).

“En la mayorí­a de las regiones, como Cantabria, La Rioja o la Comunidad de Madrid, llevábamos 22 años sin actualizar el catálogo de prótesis”, señala Pablo Pérez, vicepresidente de Fedop. La idea era buena, sin embargo, “sólo se hablaba de precios, no de la utilidad de los productos para el paciente”. Así­, el borrador que hoy se hará oficial “deja fuera muchas ortoprótesis del sistema de financiación, por lo que serán los pacientes quienes tendrán que pagarlos de su bolsillo por completo”, subraya Pérez. Ocurre, por ejemplo, con la bota Walker, “que se usa frecuentemente para la inmovilización de fracturas”. A pesar de las alegaciones presentadas por esta federación, “Sanidad ha hecho caso omiso”.

Es cierto que el nuevo catálogo actualiza las prestaciones y “es más completo en cuanto a definiciones y artí­culos, pero no contempla todos los productos y, al guiarse exclusivamente por el precio, las calidades son inferiores y eliminan la posibilidad de escoger productos superiores”, continúa el ortesista. Según relata, en otros paí­ses europeos, el paciente tiene más libertad para elegir. En Alemania hay un “catálogo de más de 6.000 productos, desde el más caro al más barato y, teniendo en cuenta una serie de criterios y las condiciones de paciente, se decide”. Al fin y al cabo, “no todos van a querer una rodilla electrónica o una silla para hacer deporte”, agrega.

Otro caso es el de Bélgica, donde “todo el mundo tiene derecho a una ayuda y la diferencia respecto al producto escogido la paga el paciente”, ilustra el presidente de Fedop, Luis Gallego. Éste serí­a el sistema ideal, apuntan los dos expertos: “Que el ministerio de Sanidad permitiera una posibilidad de mejora”, pudiéndose beneficiar de la ayuda establecida y pagando el resto de su bolsillo.”Lo que establece este catálogo es un precio máximo de financiación, basándose en el del fabricante, y todo lo que lo supere queda excluido del servicio público (infravalorando el coste de nuestro trabajo al tomar medidas para hacer un molde, rectificarlo, fabricarlo, adaptarlo, revisarlo…)”, resalta Pérez.

Aparte de esta imposibilidad de mejora, se establecen nuevos plazos de renovación. Por ejemplo, puntualiza Gallego, una prenda que se utiliza para el linfedema (acumulación de lí­quido que afecta a los brazos y las piernas de las personas que han recibido tratamiento por cáncer) “debe cambiarse, según el fabricante y los estudios clí­nicos, cada seis meses. Con la nueva regulación, se financiará cada año”. Lo mismo ocurre con las sillas de ruedas, “actualmente, las eléctricas se cambian cada tres años, pero ahora será cada cinco. En cuanto a las manuales, pasará de 18 a 30 meses”.

En este punto, y desde otro prisma, para Carmen Echevarrí­a, directora de la Unidad de Medicina Fí­sica y Rehabilitación de Sevilla, a diferencia del anterior catálogo, el nuevo coteja “la posibilidad de realizar arreglos de manera modular y financiados, sin necesidad de cambiar el producto entero”. Sin ir más lejos, los amputados, “una vez acomodan el muñón en la prótesis, prefieren no cambiarla”.

Así­ como para los ortesistas y protesistas esta nueva regulación perjudica enormemente al paciente, esta especialista considera que “va a permitir un juego más razonable de prestaciones en el marco económico en el que estamos”. Lo importante serí­a que “se revisara dicho catálogo cada dos o tres años. Llevábamos al menos 20 con el anterior”.

De la misma opinión es el presidente de la Asociación nacional de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Fí­sicos (Aspaym), Alberto del Pino, quien además señala los “intereses de muchos intermediarios y empresas en este negocio”. Tal y como argumenta, no es necesario importar productos ortoprotésicos de fuera, que se venderán el doble de caros. En España hay fabricantes, por ejemplo, de sillas ultraligeras, cómodas, que se pliegan y son tan buenas como cualquier otra de 5.000 euros, pero valen la tercera parte”.

Este médico paraplejista afirma, al igual que Pérez y Gallego, que “los lesionados medulares necesitan productos de mejor calidad y que además están al alcance de Sanidad, como los fabricados en España”. La doctora Echevarrí­a recuerda que, más que el precio, en este tipo de productos, hay que valorar su utilidad clí­nica e intentar “regirse por un principio de mayor cobertura”.

Con la nueva regulación, empeore o no el sistema de prestaciones de los usuarios, hay más perjudicados. El hecho de que exista un precio máximo de financiación también supondrá un duro golpe para los establecimientos de ortoprótesis. Según el presidente de Fedop, “con este sistema, más del 50% de ortopedias cerrará automáticamente y los fabricantes también. Los distribuidores también tendrán sus dificultades, ya que la cartera de básica no incluirá muchos de los productos que proceden de fuera, por su precio”.