FAMMA-Cocemfe Madrid reclamará que la futura ”˜Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad”™ que prevé impulsar la Comunidad de Madrid contemple un apartado especí­fico que implemente medidas para el fomento del bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad orgánica y para los gravemente afectados.

Precisamente, la Federación considera necesario y urgente la adopción de medidas especí­ficas para personas con discapacidades orgánicas, por ser las discapacidades denominadas ”˜invisibles”™, y para quienes están gravemente afectados, puesto que son quienes se encuentran con mayores dificultades y barreras en el acceso normalizado, y en igualdad de condiciones que las demás, a multitud de ámbitos, como el ocio, la educación inclusiva, la vivienda o el transporte adaptado.

Mientras que las discapacidades orgánicas son, en muchos casos, discapacidades que apenas se tienen en cuenta, y que aunque no son visibles en muchos casos merman sobremanera la calidad de vida de quienes las tienen, los gravemente afectados deben hacer frente a enormes sobrecostes para mantener un adecuado nivel de vida y para participar de forma activa en la sociedad.

Cabe resaltar que, en nuestra región, cerca de 25.000 personas con discapacidad están gravemente afectadas. Para una persona gravemente afectada, una única salida de ocio puede suponer un desembolso medio de hasta 150 euros, teniendo en cuenta que la persona gravemente afectada debe ir acompañada de una segunda persona en sus salidas de ocio y que ello incrementa sus gastos de ocio o transporte. Por todo ello, la Federación estima pertinente que la Administración regional adopte medidas para que las personas gravemente afectadas o con discapacidades orgánicas puedan participar en sociedad en igualdad de condiciones que las demás.

Asimismo, la Federación convocará a sus entidades miembro que brinden cobertura a personas con discapacidades orgánicas y/o gravemente afectadas para valorar medidas y propuestas para aportar a dicha estrategia.

Por último, cabe reiterar que las personas con discapacidad gravemente afectadas se encuentran con que, en ocasiones, son institucionalizadas en contra de su voluntad, al no tener facilidades para disponer de una vivienda adaptada a sus necesidades por otra ví­a distinta a la residencial, y que ello no les permite, por ejemplo, poder satisfacer un derecho básico como el de formar una familia.