FAMMA solicita la utilización de recursos asistenciales en caso de desahucios de personas con discapacidad
FAMMA-Cocemfe Madrid ante la dramática situación a la que se están enfrentando, o lo harán en un futuro próximo, un gran número de personas con discapacidad por no poder pagar su hipoteca o su alquiler de vivienda, solicita a la Comunidad de Madrid que ponga a su disposición recursos asistenciales, además de involucrarse de forma más directa en estos conflictos, con especial atención a las personas con discapacidad dada su especial condición de vulnerabilidad y los mayores gastos que generan su propia discapacidad.
En su mayoría, estos desahucios están provocados por la imposibilidad de pagar la hipoteca o el alquiler de la vivienda tras la pérdida de empleo de alguno de los miembros familiares, y originan situaciones socialmente ultrajantes y generadoras de exclusión, teniendo en cuenta la pérdida de uno de los bienes más preciados para cualquier ser humano: la vivienda.
Según el presidente de la Federación, “el incremento del IVA de manera indiscriminada, el copago sanitario y farmacéutico, el copago en las prestaciones ortoprotésicas o la paralización de la Ley de Dependencia, entre otras actuaciones, están perjudicando seriamente al colectivo de personas con discapacidad, de tal manera que están propiciando un retroceso importante en el colectivo y un aumento del gasto social a muy corto plazo”.
Así, dado lo específico del problema y su existencia enraizada en una coyuntura económica fuera del control de cualquier ciudadano de a pie, la Federación madrileña solicita al Gobierno regional su intervención para negociar esas hipotecas y alquileres de viviendas que se convierten en imposibles, o la puesta a disposición de estas personas con riesgo de quedarse en la calle recursos asistenciales con carácter temporal para paliar la situación, al menos durante un margen de tiempo concreto.
En este sentido, FAMMA-Cocemfe Madrid propone la creación de un órgano de mediación con los bancos, con el fin de asistir jurídicamente a estas personas y renegociar su situación con las entidades financieras, dado que la situación actual de estas personas, dista mucho de las condiciones que existían en el momento de la rúbrica del contrato.
Desde la organización se ponen a la entera disposición del gobierno regional para colaborar en todos estos tipos de situaciones, con el fin de buscar soluciones y alternativas a circunstancias verdaderamente dramáticas, que se agravan cuando las personas tienen una discapacidad. A su vez reitera nuevamente que los recortes están empobreciendo a la población, lo que conllevará un mayor gasto social para hacer frente a otros costes como el sanitario producido y generado por la pérdida de calidad de vida que conllevan los recortes.