FAMMA-Cocemfe Madrid, ante lo que considera un atentado inhumano e inmoral contra la integridad e integración de los alumnos universitarios con discapacidad de la Universidad Complutense de Madrid, exige el cese inmediato de Cristina Velázquez, vicerrectora de Atención a la Comunidad Educativa, ante la prohibición expresa al personal de la Universidad, de llevar a cabo el apoyo sociosanitario para que los alumnos con discapacidad puedan ir al baño durante el horario de clases sin tener que recibir la ayuda de sus familiares y allegados.

Este servicio, ofrecido tanto en el Campus de Somosaguas como en el de la Ciudad Universitaria, permití­a a los estudiantes con discapacidad que así­ lo necesitasen solicitar ayuda para hacer uso de los aseos de la universidad, con lo que su supresión atenta contra una de las necesidades más básicas de un ser humano, que en el caso de muchas personas resulta imposible de llevar a cabo sin colaboración.

Tras varios intentos por parte de la Federación de llevar a buen término este asunto y lograr una solución satisfactoria para todos los implicados, sobre todo para los alumnos afectados, la situación no ha cambiado un ápice. “Mientras los dí­as pasan sin que el vicerrectorado se pronuncie acerca de esta clara y manifiesta supresión de derechos, se están produciendo en las facultades de la universidad madrileña episodios dramáticos, como el de una alumna que se vio obligada a volver a su casa llorando tras orinarse encima, algo que se podí­a haber evitado si este servicio, que no es una exigencia banal sino un derecho en toda regla, no se hubiese eliminado”, denuncia Javier Font, presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid.

Este derecho está recogido en toda la normativa creada para legislar todo lo relacionado con las universidades y con la atención a la discapacidad. Así­, son innumerables los artí­culos que defienden la integridad y el derecho a la igualdad de oportunidades de los alumnos con discapacidad. La vicerrectora vulnerar la Ley de Universidades, el Estatuto del Estudiante universitario así­ como la ley de igualdad de oportunidades no discriminación y accesibilidad universal en referencia la inclusión de las personas con discapacidad de la sociedad.

Un ejemplo de ello es la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. 24/12/2001), que en su modificación por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (B.O.E. 13/04/2007) incluye una Disposición adicional vigésima cuarta, de la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades, en cuyo artí­culo 1 establece que “las Universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, proscribiendo cualquier forma de discriminación y estableciendo medidas de acción positiva tendentes a asegurar su participación plena y efectiva en el ámbito universitario”, mientras que en su artí­culo 3 habla de la promoción de acciones por parte de la universidad para que las personas con discapacidad “dispongan de los medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades en relación con los demás componentes de la comunidad universitaria”.

Asimismo, el Decreto Rectoral 57/2011, de 7 de junio, de creación de los Vicerrectorados de la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias y de diversas cuestiones de í­ndole organizativo, estipula que “El

Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria será responsable de la definición y ejecución de polí­ticas dirigidas a atender las necesidades culturales, deportivas y prestacionales de los distintos colectivos que integran la Universidad Complutense de Madrid, con especial atención a las personas con discapacidad”, y establece entre sus competencias especí­ficas la “configuración de una polí­tica para las personas con discapacidad y la supervisión de la actividad de la Oficina para la Integración de las Personas con Discapacidad”.

FAMMA-Cocemfe Madrid considera intolerable que a pesar de que existe una legislación que pretende la protección del alumnado con discapacidad, además de una oficina de atención a las personas con discapacidad en el seno de la Universidad, en la convocatoria de becarios que existe para ayudar a estas personas se suprima este servicio en concreto.

“La excusa de que no hay dinero no es válida”, afirman desde la Federación. “Nunca lo serí­a teniendo en cuenta que hablamos de cubrir unas necesidades fisiológicas de unos alumnos que deberí­an tener los mismos derechos que sus compañeros, pero menos si cabe si tenemos en cuenta que la propia UCM, a través del vicerrectorado de estudiantes, ha convocado cuatro becas de Formación Práctica en la Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad, en las que expresamente se elimina esta función de apoyo por parte del becario a la vez que se le encomiendan otras muchas tareas”.

“Ni el obvio desprecio que para Velázquez merece la normativa universitaria, ni la poca catadura moral de esta persona, prohibiendo expresamente el suministro de este servicio por parte del personal de la Universidad como si le fuese la vida en ello, le hacen merecedora de la posición que ocupa; por lo que si no presenta inmediatamente su dimisión exigimos que se le cese de su cargo, para el que además de competencia profesional exige también de un componente de humanidad para atender a todos y cada uno de los alumnos de la universidad. Creemos que es inconcebible que la salud de estas personas dependan de esta señora”, sentencian.