FAMMA-Cocemfe Madrid denuncia que la lentitud de la justicia en casos de negligencia médica que tienen como consecuencia una discapacidad o una situación de dependencia, es el origen de situaciones familiares de un dramatismo sobrecogedor originado por un comportamiento mezquino por parte de las compañí­as aseguradoras.

Recientemente la sociedad española ha sido testigo, gracias al efecto altavoz de los medios de comunicación, de auténticas carreras de fondo que deben afrontar algunas familias que se ven inmersas en procesos judiciales para determinar la existencia o no de una negligencia médica, y que se prolongan excesivamente hasta incluso una década de espera en la resolución judicial.

Las consecuencias por las que una persona puede adquirir una discapacidad son múltiples, pero la justicia no puede cometer la injusticia de no velar por su protección temporal y permitir que muchas familias se endeuden hasta su ruina personal, por asumir el coste que supone padecer una discapacidad para toda la vida.

Debemos tener en cuenta que cualquier persona que adquiere una discapacidad y que ve afecta su movilidad, -utiliza silla de ruedas- en el 90% de los casos debe cambiar de vivienda o adaptar la suya, cuyo coste supera, en el mejor de los casos, más de 35.000 €. Además, a esto, hay que sumarle el necesario apoyo de personal humano, cuando por las caracterí­sticas de la discapacidad, -si ésta es grave y depende de terceras personas- requiere de un acompañamiento y asistencia personalizada por profesionales las 24 horas del dí­a. Un coste económico que puede desbancar cualquier economí­a doméstica.

La Federación es consciente de que la demora de la justicia española afecta por igual a todos los ámbitos de la vida; sin embargo, considera que este tipo de casos deberí­an tratarse con una especial sensibilidad y celeridad por las graves repercusiones en las personas afectadas, quienes al hecho de enfrentarse a una situación completamente novedosa al encontrarse con una discapacidad, se ven obligadas a hacer una inversión económica para la que en la mayorí­a de las ocasiones no disponen de recursos ni de ayuda inmediata por parte de la administración, cuando es durante el primer año cuando más esfuerzo y gastos son necesarios.

“Es indignante que no haya mecanismos en nuestro sistema jurí­dico para evitar situaciones como éstas, en las que la dilación provoca el ahogamiento económico, a núcleos familiares enteros”, reivindica Javier Font, presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid.

La Federación madrileña ve necesaria una revisión de la normativa con el objetivo de crear mecanismos ágiles que atiendan a la excepcionalidad de este tipo de casos que, año tras año, afectan a personas que únicamente buscan remontar sus vidas dentro de los mejores parámetro de calidad de vida.

Una respuesta rápida para resolver estos casos, es factible ya que existe jurisprudencia de circunstancias similares en los que poder basarse para resolver, inicialmente y con carácter temporal, una situación tan trágica que podrí­a paliar su impacto en un núcleo familiar con una cuantí­a inicial que sirviera para sufragar los primeros costes hasta la resolución final de una sentencia.